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Suspenden juicio oral, a un año de la masacre de los niños de Tame

Escrito por  el 
13 octubre, 2011
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Fiscalía, Procuraduría y representación de víctimas rechazaron en bloque la decisión de la Jueza de aceptar de manera extemporánea el testimonio de un supuesto desmovilizado de la guerrilla. Por tanto, el juicio contra el Subteniente Muñoz por el caso de los niños y niñas de Tame quedó suspendido mientras el Tribunal Superior de Bogotá se pronuncia al respecto.

En la audiencia de juicio oral realizada el miércoles 12 de octubre de 2011 en Paloquemado, la jueza 27 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, Martha Artunduaga, tomó la decisión de aceptar dentro del proceso el testimonio de un supuesto desmovilizado, dicha solicitud, llamada prueba sobreviniente, fue presentada en la audiencia celebrada el 16 de septiembre de 2011 por el abogado defensor del militar, Sergio Rodríguez alzate, y consiste en el testimonio de un supuesto desmovilizado de las Farc.

Esta prueba fue rechazada desde un comienzo por el Fiscal del caso Víctor Julio Lozano Labrador, pues en su opinión ha sido irregular la manera como fue solicitada e incluso la misma aparición de la prueba en el proceso. Igualmente, el Fiscal resaltó que hasta el momento se desconoce la identidad, antecedentes e incluso no se ha presentado la documentación oficial como el certificado por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA, del presunto desmovilizado”.

En este sentido, el Fiscal calificó como “novedoso y misterioso testigo oculto protegido por la Brigada 18”, al testigo de último minuto anunciado por la defensa del militar, a la vez que invitó a que se canalice la información proporcionada por el supuesto desmovilizado por los medios legales que existen, es decir a través de la Policía Judicial y no por medio de una fuente humana anónima como lo ha hecho hasta ahora la defensa del militar.

Por su parte, Humanidad Vigente, organización representante de las víctimas, argumentó que la decisión de aceptar el testimonio de este supuesto desmovilizado atenta los derechos de las niñas y niños víctimas, y que al ponderar los derechos de la defensa y la buena fe por encima de los de las víctimas,  se desconoce el rango constitucional de los derechos de las víctimas que además están ampliamente respaldados por las convenciones internacionales sobre derechos humanos.

En esta audiencia, también dio su declaración el Coronel Freddy Sanmiguel Guzmán quien en octubre de 2010, cuando sucedieron las dos violaciones de las niñas de 13 y 14 años y el posterior homicidio de una de ellas junto a sus dos hermanitos, comandaba la Brigada Móvil 5 a la que pertenecía la cuadrilla antiguerrilla Buitres 2 que lideraba el Subteniente investigado y acusado Raúl Muñoz Linares.

En su declaración, el coronel explicó la formación recibida por el Subteniente Muñoz, la cadena de mando de la Brigada Móvil y de sus cuadrillas adscritas e incluso explicó las funciones y tareas del Subteniente Muñoz, dejando claro que separarse de su grupo no era una de ellas.

Igualmente, el Coronel dio detalles sobre la decisión tomada por la Brigada de entregar al Subteniente Muñoz, luego de que se cruzarán informaciones tanto de las denuncias de la comunidad como de sus propios compañeros que también señalaron irregularidades en el comportamiento de este militar.

Sanmiguel Guzmán también indicó que durante la investigación interna realizada por el Ejército se determinó que la distancia entre el campamento de Muñoz y la fosa donde se encontraron los cuerpos de los hermanitos Torres Jaimes, oscila entre los 300 y 400 metros.

De igual forma, el Fiscal del caso, indagó sobre los procedimientos que existen para la canalización de la información y participación de desmovilizados en procesos judiciales, punto en el que el Coronel Sanmiguel detalló los exigentes y minuciosos trámites que esto requiere, dejando en evidencia que en el caso del supuesto desmovilizado presentado a último minuto por la defensa, estos protocolos y procedimientos no se cumplieron.

Se espera que el Tribunal Superior de Bogotá se pronuncie sobre la decisión final de aceptar o no este nuevo testimonio dentro del caso entre la primera y la segunda semana de noviembre, para así reanudar el juicio oral.

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