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Seguridad democrática en deuda con las mujeres y la niñez

Escrito por  el 
9 agosto, 2011

A pesar de la marcada persistencia de la sociedad civil colombiana por denunciar las múltiples afectaciones de la situación de la mujer y la infancia bajo la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe, este no solo se empeñó en desconocer y ocultar el fenómeno, sino en censurar a sus voceros sociales durante todo su mandato, para al final terminar reconociendo muy ambigua y tímidamente la situación, y así dejar esa tarea al gobierno entrante.

En el año 2008, el gobierno colombiano presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un informe sobre la situación de derechos humanos del país para el Examen Periódico Universal –EPU(i), que en materia de género, reconoce –al menos teóricamente- la necesidad de mayor atención y protección a mujeres y niñas, eficiencia de la justicia y atención para ellas y para las zonas rurales

El informe asume pendientes como el impulso de investigaciones de oficio por violencia contra las mismas, la necesidad de mayor acceso a la justicia para sus víctimas, la urgencia de mayores acciones de prevención de estas violencias y sanciones a sus victimarios, los mismas que durante todo el periodo del gobierno Uribe, se denunciaron con insistencia por diversas plataformas de la sociedad civil como la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado(ii).

Sin embargo, en un informe alusivo a los impactos de la política de seguridad democrática, el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la Republica(iii) fué mas directo, dejando como pendiente traducido en reto, el abordaje mismo de la perspectiva de género en las políticas públicas; Deuda en gran mora, que naturalmente se le deja al nuevo gobierno de Francisco Santos.

En materia de infancia, el primer informe presenta como avance la aprobación e implementación del nuevo Código de Infancia y Adolescencia, el reconocimiento de los victimarios de este sector, la consolidación del sistema de protección social para garantizar sus DDHH, el mejoramiento a la atención de niños abusados y explotados sexualmente con unidades especializadas, así como un mayor nivel de coordinación interinstitucional, dejando pendiente la lucha contra el reclutamiento de menores.

El balance es a todas luces inconsistente con los pendientes que afirma dejar en materia de género sobre temas como violencia sexual, y que también involucran a las niñas de manera grave; Desconocimiento que otras plataformas de la sociedad civil como la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, también habían denunciado durante todo el periodo Uribe, a través de diversos informes y múltiples acciones de incidencia y de denuncia pública con diversas organizaciones sociales.

Aún más, otros balances institucionales como el informe de 2010 sobre políticas de Desarme, Desmovilización, Reinserción y Reintegración de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, subrayó vacios como la ausencia de un enfoque de género que invisibiliza a las mujeres en la búsqueda de la paz y que se evidencia además en las acciones de protección de las víctimas.

En programas públicos –según la entidad- también se ha ignorado a las mujeres desmovilizadas, desconociendo sus problemáticas, como parte de una tradición de acuerdos de paz sin enfoques de género, que también se ve en los de atención a víctimas, a pesar de la alta incidencia femenina en los movimientos y redes de las mismas, aduciendo que lo reciente de los debates oficiales sobre violencia de género como parte de la estrategia de guerra por el control territorial.

En la lucha contra la impunidad, solo el 25% de las versiones libres de miembros de las AUC desmovilizados, respondían al tema de la violencia sexual, reconociendo solo el reclutamiento de mujeres y la prostitución, a pesar de los testimonios de miles de víctimas sobre el tema, y logrando sin embargo los beneficios prometidos por la Ley de Justicia y Paz.

En materia de infancia, destacó además la invisibilidad de los niños, niñas y adolescentes de los programas de DDRR, que fueron parcialmente entregados por las AUC a pesar de la Declaración de Paramillo de 1998, que exigía su entrega total como requisito de desmovilización con beneficios, y que sin embargo el gobierno les brindó.

Miradas desde afuera: graves vacios en justicia, paz y desarrollo

Pero no solo la necedad de Uribe ante un fenómeno que se empeñaba en negar y ocultar era con la sociedad civil colombiana.
El informe 2010 de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACNUDH, menciono cierre del periodo Uribe y como en algunos de sus informes anteriores, un aumento de la violencia que ejercen los grupos ilegales, la generalizada utilización de niños, niñas y adolescentes en actos de sicariato, y la recurrencia de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas.

El alto organismo destacó la ausencia de enfoques diferenciales en los programas de protección estatal a personas en situación de riesgo, y debilidades del acceso a la justicia para zonas rurales y grupos específicos como mujeres, indígenas y afrocolombianos, evidenciando el subregistro de la violencia sexual y la falta de coordinación de las entidades públicas para asumirla.

Resaltó además la responsabilidad de la fuerza pública en muchos de estos casos, la presencia del Ejército en bienes civiles como casas y escuelas, y la utilización de menores para ejercicios de inteligencia y campañas cívico-militares, aduciendo la debilidad del Ministerio Público y la Fiscalía para avanzar en sus investigaciones.

Valoraciones a tono con otros organismos internacionales en los últimos años la UNICEF, UNIFEM (ONUMUJERES), ACNUR, el Comité de los Derechos del Niño, el Consejo de Derechos Humanos, El Relator Especial sobre Situación de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, el Representante Especial del Secretario General, sobre Defensores de Derechos humanos de la ONU, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, entre otros, además de organismos hemisféricos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(iv).

Queda entonces el interrogante de porqué al presidente saliente aun le queda la fuerza no solo para seguir hablando de los éxitos de su mandato, sino de presionar al gobierno entrante para que perpetúe las políticas de su gobierno que tanto daño le han hecho a las mujeres, la infancia y al resto del país.

¿Qué hará el presidente Santos entonces? Mantendrá el continuismo de la tan exitosa seguridad democrática? o reconocerá a tiempo las voces de la sociedad civil, así como múltiples deudas del Estado con la mujer, la niñez y la adolescencia?

(i)ABC del Examen Periódico Universal. http://www.derechoshumanos.gov.co/EPU/Paginas/AbcEpu.aspx

(ii)Denuncia persistente además en sus diez (10) informes anuales sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, publicados entre los años 2000 y 2010.

(iii)Vicepresidencia de la Republica, Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2010),Impactos de la Política de Seguridad Democrática

(iv)Ver compilación de la OACNUDH sobre recomendaciones a Colombia enmateria de derechos humanos, de organismos internacionales dederechos humanos han realizado entre los años 2000 y 2008.

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