SEGUNDO INFORME DE LA MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y BOYACÁ
I. INTRODUCCIÓN
La Misión Ad hoc de Verificación realizó un primer recorrido por los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, los días 24 y 25 de agosto, cumpliendo con el objetivo de documentar, recibir testimonios y denuncias de campesinos y campesinas, sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública en un contexto de ataques generalizados contra la población civil como manera de reprimir la protesta ciudadana (ver informe).
Entre el 28 y 31 de agosto de 2013, la Misión de verificación ad hoc, realizó un segundo recorrido, dada la gravedad de los hechos que se venían constando en el marco de la jornada del paro nacional agrario y popular. Para ello se conformaron dos grupos; uno que ingresó a la región por los municipios de Sutatausa, Ubaté, Chiquinquirá, Arcabuco, y otro que ingresó por la vía de Choconta, Ventaquemada, Tierra Negra, teniendo como punto de encuentro la ciudad de Tunja, para continuar el recorrido por los municipios de Tuta –punto de concentración-, Paipa, Duitama, Tibasosa y Sogamoso.
La Misión pudo llevar a cabo el recorrido y cumplir con su objetivo, pese a los impedimentos y hostigamientos de que fue objeto por parte de la Policía Nacional y algunas autoridades civiles, como lo ocurrido en los municipios de Chocontá y Tibasosa.
En este segundo recorrido, la Misión recibió denuncias y documentó casos de graves violaciones de derechos humanos sufridas tanto por personas que participaban en las concentraciones pacíficas en las vías, como por pobladores al margen de ellas, atribuidas a la Policía Nacional Fuerza Disponible y principalmente a agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Asimismo, sostuvo reuniones con funcionarios públicos de algunos de los municipios visitados (Alcaldes, secretarios de gobierno, personeros, fiscales, médicos forenses), quienes aceptaron que hubo exceso de la fuerza por parte del ESMAD y reconocieron que el control del orden público dentro del municipio estaba en manos del comandante del ESMAD y no de las autoridades civiles como correspondía.
En estos diálogos con las autoridades civiles municipales, se conoció de la perpetración de actos vandálicos contra instalaciones públicas y establecimientos de comercio, sin embargo, los funcionarios entrevistados fueron enfáticos en afirmar que éstos fueron ejecutados por personas ajenas al paro y a sus comunidades.
De otra parte, la Misión recibió denuncias de manifestantes referentes a la presencia de agentes de seguridad del Estado infiltrados, vestidos como campesinos o estudiantes, realizando labores de inteligencia, detenciones arbitrarias, actos de violencia y provocación.
De igual manera, en varios puntos de la concentración campesina la Misión pudo constatar que las jornadas de protesta se estaban adelantando de forma pacífica y que los manifestantes estaban permitiendo el paso tanto de las misiones médicas y de la defensa civil, como de la Misión de Verificación, que diálogo con ellos sobre sus necesidades y exigencias al gobierno nacional.
En criterio de la Misión las comunidades campesinas que acudieron al Paro Agrario presentaban reivindicaciones razonables y justas al Gobierno Nacional, que se corresponden con la afectación que les viene provocando la implementación de políticas estatales en materia económica. En este sentido, entendemos que las manifestaciones de inconformidad desatadas, encuentran respaldo en el derecho constitucional que les asiste a los ciudadanos colombianos a la libertad de expresión, pensamiento, a la protesta y de participación, que además se encuentran consagrados en tratados internacionales suscritos por Colombia.
Este Informe se realiza con base en testimonios, material de audio y fotográfico que fue recogido durante el recorrido, y que da cuenta de graves violaciones a los derechos humanos cometidos por parte del escuadrón móvil antidisturbios ESMAD, de la fuerza disponible de la policía nacional, con la participación activa de la policía municipal y organismos de seguridad y de policía judicial como funcionarios de la SIJIN, expresadas en: actos de tortura física y psicológica, tratos crueles, inhumanos y degradantes; graves lesiones en cabeza, rostro y extremidades; detenciones arbitrarias; amenazas e intimidaciones; hurtos; quema de vehículos; disparos con arma de fuego en contra de manifestantes y otros pobladores; disparos de proyectiles de gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y piedras, lanzados indiscriminadamente a las viviendas de la población y directamente contra los cuerpos de las personas; violación al domicilio; actos de discriminación en razón al género y la identidad cultural, entre otros.