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Paramilitarismo en el Magdalena Medio: 22 asesinatos en Puerto Berrío en lo corrido del año

Escrito por  el 
24 agosto, 2012
La disputa territorial por el control de las rutas del narcotráfico, que libran cinco bandas integradas presuntamente por desmovilizados, tienen muy preocupada a la población civil. A lo que se suma la indiferencia de las autoridades civiles y militares por frenar el brote de violencia

Las mujeres de Puerto Berrío (Antioquia), no quieren seguir apostándole a la guerra. Esa es la decisión que une a un grupo de mujeres de este municipio antioqueño a orilla del río Magdalena, que dicen estar cansadas que sus hijos sean asesinados, desaparecidos o reclutados por los grupos paramilitares que surgieron post-desmovilización.

Según datos solicitados por el Observatorio de Paz Integral (OPI) al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, en el primer semestre de 2012, han sido asesinadas 22 personas, de las cuales 19 fueron con arma de fuego, dos con arma blanca y una con arma contundente. A estos casos se suman el desplazamiento intraurbano y el desplazamiento forzado de cinco núcleos familiares; y la desaparición forzada de tres personas. La Crisis Humanitaria, de Puerto Berrío, no es nueva si se tiene en cuenta que para el mismo periodo del año anterior los datos también eran alarmantes, es decir, 22 personas perdieron la vida, de las cuales 21 fueron con arma de fuego y uno con arma contundente, constituyéndose en el segundo municipio con más hechos violentos de la región. Lo que significa que los homicidios siguen campantes ante una débil reacción de la justicia en la persecución de los autores y una insuficiente respuesta de prevención que evite nuevos hechos violentos.

Comparando los datos se registra una leve disminución en los homicidios selectivos, no obstante, siguen siendo una constante. De otra parte, es lamentable registrar un incremento en la desaparición forzada, ya que se paso de uno a tres casos entre el mismo periodo del 2011 y 2012.

Cinco estructuras armadas ilegales asesinan y desaparecen personas sin control

Al decir de la población y de los analistas de la coyuntura en Puerto Berrío, la totalidad de los homicidios selectivos con arma de fuego son atribuidos a los grupos paramilitares, que operan en ese municipio. Son ellos: ‘Los Paisas’; ‘Las Águilas Negras’; ‘Los Botalones’; ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’, siendo estos dos últimos los que cuentan con mayor fuerza militar y control social sobre la población civil.

“Los asesinatos, las personas desaparecidas y el reclutamiento de menores a las buenas o a las malas, están acabando con nuestra juventud. Y lo peor es que no tenemos ni ley ni mucho menos autoridades que hagan algo por ayudarnos”, así define doña Rosa*, la grave situación que afronta la población civil. Esa misma percepción la tiene María*, una madre a quien los paramilitares le desaparecieron su hijo hace más de 10 años: “Esto está difícil, en un sólo día asesinan hasta seis personas. Se están metiendo a las casas a asesinar a las personas. No tienen horas fijas o claves para asesinarlas. Eso pasa en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. Entonces uno dice eso no es normal. Uno se pregunta que está haciendo la Policía, o es que el señor alcalde no se ha puesto bien los pantalones o hay permisividad”.

La percepción por parte de la comunidad es que la violencia se ha recrudecido en estos primeros seis meses de la administración de Robinsón Baena, alcalde de Puerto Berrío. A pesar de la crudeza y la realidad de las cifras, el mandatario asegura que la situación se ha ido mejorando, debido al esfuerzo que ha emprendiendo desde su administración con el apoyo de la Policía Nacional, y con otras instituciones del Estado: “Como primera autoridad de Policía del municipio de Puerto Berrío, hemos hecho muchas actividades como consejos de seguridad, en donde se han tomado diferentes decisiones. Precisamente, esas decisiones son las que nos han llevado a la reducción de la criminalidad”.

Baena, como primera autoridad, dice estar seguro que los cifras de violencia han ido disminuyendo, y es consciente que aún falta mucho por hacer, y por mejorar la tranquilidad de los pobladores: “con nuestra Policía Nacional con nuestro Ejército, la Sijin, y el C.T.I., estamos demostrando que la presencia estatal si existe, y se esta combatiendo diariamente la delincuencia. Aquí, todos los días se capturan personas por diferentes delitos, es decir, la actividad operativa es visible”, aseguró el alcalde.

En lo que coinciden tanto los pobladores como el alcalde, es en el nombre de los grupos que están recrudeciendo el conflicto armado, y en la razón que los motiva para seguir anclados en esa sociedad antioqueña ubicada a orillas del río Magdalena. En la actualidad, en ese municipio confluyen cinco grupos de tipo paramilitar, que centran sus acciones violentas en contra de la población civil. Allí, confluyen grupos post-desmovilización conocidos como los: ‘Los Rastrojos’; ‘Los Urabeños’, ‘Los Paisas’; Las Águilas Negras’; y la presencia esporádica de ‘Los Botalones’.

“Nosotros no somos ajenos a la realidad del Magdalena Medio y el Nordeste antioqueño. Toda vez que nosotros hemos heredado aquí, los que nos dejaron los paramilitares. Una violencia, que gracias a Dios, se ha ido aminorando. Aún persiste, ya que aún existe la presencia de los grupos armados, como lo son: Los Rastrojos y Los Urabeños. Los cuales se encuentran en toda la región en disputa por el territorio”, puntualizó Baena. Mientras que para la comunidad esto les ha significado vivir con un miedo en su diario vivir, “En Puerto Berrío tenemos ‘Los Paisas’, ‘Los Rastrojos’, ‘Las Águilas Negras’, y ‘Los Urabeños’, estos dos últimos grupos quieren unirse en uno sólo. La disputa que tienen estos grupos es por los corredores de la droga. Con la nueva administración se recrudeció la violencia en Puerto Berrío. Nosotros (población civil) pensábamos que iba hacer diferente por qué el Alcalde, había sido personero, y además lo montaron las víctimas”, dejó entrever Doña María*, al ser indagada por los investigadores del OPI.

Puerto Berrío: corredor estratégico del narcotráfico

Precisamente, ese privilegio de estar geográficamente bien ubicados, y dar acceso a varios departamentos, es lo que ha convertido a Puerto Berrío, en una especie de corredor estratégico para el negocio del narcotráfico. A lo que se suma su espesa vegetación que ha servido para la instalación de cocinas para el procesamiento de los alcaloides.

“Geopolíticamente hablando es un punto de conexión con otros departamentos. Desde aquí se llega a Bucaramanga, Manizales, Bogotá, y la Costa Caribe. Si uno en la legalidad aprovecha esto para conectarse con otras regiones. Eso mismo lo harán estos grupos. Para nadie es desconocido que estos grupos al margen de la ley, financian, sus actos delincuenciales con el narcotráfico, y otras actividades”, resalta el burgomaestre.

La creación de fronteras invisibles: una nueva división política y administrativa se está formando en los barrios

“Esto ya parece Medellín”, así ve Doña Rosa*, a Puerto Berrío, cuando señala, que en su pueblo natal existen barreras invisibles, que han ido fijando los grupos paramilitares para tener el control de los diferentes barrios, y poder cometer sus acciones violentas en contra de la sociedad civil. “Cuando uno coge un mototaxista para transportarse a cualquier barrio, lo primero que le preguntan para donde va. Uno le dice que para el barrio El Oasis, le dicen que no, por qué no pueden pasar de determinado sitio por qué lo matan. Esto ha ido creando unas fronteras invisibles, lo cual ha generado mucho desplazamiento intraurbano. Situación que es aprovechada por los violentos, ya que esas casas son utilizadas para vender drogas o para guardar armas. A eso súmele que en algunos barrios a determinadas horas no se puede circular”, expresa un poblador al referirse a la situación de los barrios.

Y agrega, “En un solo barrio pueden haber hasta dos grupos. En la parte alta puede haber uno y el parte baja, otro. Entonces los de aquí no pueden pasar para acá, y los acá no pueden pasar para allá. Esa es una disputa, que esta poniendo a los civiles en la mitad”.

La división o barreras invisibles a las que se refieren los pobladores, se presentan, entre otros, en los barrios El Oasis, Colombia, Portón de La Vega. Milla I y II, el sector de ‘La 80’ que abarca todo el sector de la orilla del río; incluido Villas del Coral. “Hay una urbanización que se llama Cacique Tahamí. Detrás de ellas hay puras casitas de tabla. En esa zona hay otras invasiones donde operan dos grupos ‘Los Paisas’ y ‘Los Rastrojos’. Estos no se pueden pasar al barrio Portón de La Vega o por los lados de ‘La Plaza’, por qué en ese lado hay otros. Entonces, los de allá pelean con los de acá, y los de acá pelean con los de allá”, asegura un habitante del barrio Cacique Tahamí. Esas ‘barreras invisibles’ van acompañadas de otras acciones. Como fue la circulación meses atrás de panfletos en algunos barrios del municipio donde le señalan a sus habitantes la imposición de normas, que van desde la instauración de horarios para la entrada y la salida de los mismos hasta la prohibición de acudir a otros barrios, so pena de ser declarados objetivo militar y perder sus vidas.

El desempleo, y el reclutamiento de jóvenes: una manera de aumentar el consumo de narcóticos y fortalecer la redes de las empresas criminales De este control territorial que quieren imponer los actores armados, no son ajenos los jóvenes, quienes vienen siendo objeto de reclutamiento bajo engaños, y son forzados o inducidos a la drogadicción para afianzar el consumo en las escuelas, y generar recursos para su sostenimiento. “Estos señores para sostener el microtráfico están induciendo a los jóvenes, a las drogas. Una vez un profesor trató de evitar un caso y fue amenazado”, señaló un estudiante.

Se puede afirmar que el futuro incierto de los jóvenes, se debe principalmente a la ausencia de una oferta educativa universitaria y de empleos, lo cual es aprovechado por las empresas criminales. En esa misma idea Doña Rosa*, coincide al afirma que el problema que afronta la juventud de Puerto Berrío, es la falta de oportunidades para seguir estudiando una carrera profesional, o para acceder a un empleo estable, ya que no hay empresas que generen una oferta laboral. Esta situación esta siendo aprovechada por los grupos paramilitares, quienes le ofrecen dinero a cambio de algunos favores que van desde homicidios hasta ejercer control en los barrios. “La falta de empleo y la hambruna, los esta obligando a ser hombres grandes, y con poder. Ellos están queriendo manipular comunidades de los barrios. La verdad esta situación duele mucho. Ellos no quieren salir adelante con el sudor de su frente sino con las armas”. “Hay mucha gente que no quiere que siga la violencia. Sí, la Policía y el Ejército no pueden hacer nada por nuestros jóvenes. Nosotros los lideres si podemos hablar con ellos, para que se den diálogos, ya que ellos no se pueden adueñar de nuestro municipio, porque no tienen derecho”. Por su parte, Robinson Baena, ratifica su interés en brindar seguridad en su municipio, y combatir como Estado a los grupos paramilitares. Manifiesta desconocer la situación de las ‘fronteras invisibles’: “nosotros aún no hemos identificado esa problemática”.

Un pueblo agobiado por el conflicto

El municipio de Puerto Berrío, por décadas ha tenido que afrontar los vejámenes de la guerra. Entre los finales de los años 70′ y mediados de los años 80′, tuvieron que vivir en carne propia las atrocidades de la insurgencia a través de los frentes de las FARC-EP; después se produjo la arremetida paramilitar, procedente del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), cuyo fin era sacar a la guerrilla de la zona. Esto generó aún más violencia, ya que tanto los unos como los otros, pusieron a la población civil en el medio, acusándolos de pertenecer o ayudar a uno u otro grupo.

Esa coyuntura militar por el control del territorio, se caracterizó por la sistemática violación a los Derechos Humanos. Se volvieron una constante en el municipio las amenazas, los asesinatos selectivos, las masacres, las desapariciones, los desplazamientos masivos y las torturas. Es así, que más de 3.500 personas fueron desplazadas, y más de 1.000 personas, llegaron. Estas cifras corresponden al periodo entre 1997 y el 2011, según datos del sistema de información de Acción Social. Se calcula, que toda esta violencia pudo haber dejado más de 1.000 víctimas entre desaparecidos y asesinados. Aunque aún existe un subregistro, por el temor de las personas ha denunciar. Doña Maria*, hace un alto en el camino y recuerda quienes han sido los causantes de tanta desgracia, “por aquí, han pasado el Bloque Central Bolívar, el Bloque Metro, el Bloque Magdalena Medio de Ramón Izasa, y otras más, y las víctimas o sus familiares no saben de quienes fueron sus agresores”.

La agudización del conflicto armado continúo con el pasar de los años, fracturando aún más el tejido social como consecuencia de un Estado, que no ha propiciado las herramientas para solucionarlo. Esto dio a que surgiera uno de los grupos paramilitares más poderosos del país (Bloque Central Bolívar), el cual centró su accionar delictivo en ese municipio permeando las esferas políticas y económicas regionales. Hasta el 2005, este grupo paramilitar operó como una estructura unificada, centrando su poderío con su aparato militar, sembrando el miedo y el terror. Luego se dió el proceso de su desmovilización. Las comunidades consideraron por aquella época que esa estela de muerte llegaría a su fin.

No fue así. Las agresiones continuaron, ya que la verdadera estructura paramilitar no se desmovilizó. Sólo se dio paso a otras estructuras de tipo paramilitar que en su mayoría eran conformadas por paramilitares no desmovilizados, y desmovilizados, quienes fueron asumiendo otros nombres, pero con la misma intención de las anteriores: lograr el control social, territorial y económico del Puerto, ligado al tráfico de narcóticos. Estás estructuras de paramilitares reorganizados se conocen ‘Los Rastrojos’, ‘Los Urabeños’, ‘Los Paisas’, ‘Las Águilas Negras’, y ‘Los Botalones’. La facilidad con que operan estos grupos, los ha llevado a que libren batallas entre ellas mismas.

Explorando nuevas rutas para transformar el conflicto:

La iglesia católica hace un llamado por la vida y el cese de la violencia Frente a esto, la Iglesia Católica, ha señalado que la situación que afrontan los habitantes de Puerto Berrío, está ligada específicamente por el narcotráfico, a lo que se suma el alto índice de desempleo, y a la ausencia del Estado en todos sus niveles. “La gente ante falta de oportunidad de empleo ha visto en lo ilegal una oportunidad de vivir, lo cual es aprovechado por los actores”, agregó el representante de la Iglesia Católica. La institución hace un llamado a toda la población para que se respete la vida humana y se logre un cese de la violencia.

El llamado también es extensivo al Estado, que ha sido eficaz y poco solidario con la población. Teniendo en cuenta que la seguridad que quieren las comunidades no coincide con la que ofrecen las autoridades civiles y militares. A pesar de ello, la comunidad, reconoce la lucha que llevan las autoridades y la administración municipal para contrarrestar los factores que están generando violencia, pero creen que esto no es suficiente, para ponerle fin al accionar de los grupos armados, porque las acciones que se realizan no siempre son efectivas. “Hubo aumento de policías, motos y carros, pero siguen matando. Los necesitamos que realicen patrullajes de día y de noche”, señaló un poblador que omitió su identidad aduciendo razones de seguridad.

Esa seguridad que quieren los pobladores la ven muy lejana, partiendo que hay un distanciamiento entre ellos y las autoridades. Este distancionamiento se ha dado según los pobladores por la infiltración de los violentos en las fuerzas de seguridad de Estado y en la propia administración municipal. “De ello tenemos varios ejemplos, uno de ellos el de una persona que había denunciado ante las autoridades que venía siendo objeto de una extorsión parte de uno de estos grupos que se disputan el municipio. Más se demoró él en salir cuando ya lo estaban llamando para decirle que no fuera sapo. Esto le da ha uno para que piense, que allá donde puso la denuncia de ahí mismo alguien les aviso. Gracias a Dios, el muchacho se pudo escapar”, expresó doña María*.

Este tipo de hechos y otros conocidos por el OPI, han creado desconfianza, y llevado a que la población civil afectada por las diferentes expresiones de la violencia, no acuda a las instituciones del Estado a denunciar, lo cual se ve reflejado en las cifras oficiales, que muestran una realidad distinta a la que el municipio afronta, y da la sensación hacia el resto del país que allí no pasa nada. Esta invisibilidad de la situación repercute en que la localidad no sea objeto de una intervención estatal en todos sus niveles, y no se estén creando las condiciones necesarias para reestablecer la paz, el respeto hacia la democracia y sus instituciones.

A lo que se suma las actuaciones de varios militares en contra de la población civil. Como se recordará, en el 2008, varios militares orgánicos del Batallón Calibío, adscrito a la XIV Brigada, con sede en Puerto Berrío, fueron destituidos por estar relacionados con la muerte de civiles quienes fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, situación que se conoció en el país como los ‘falsos positivos’. Esto generó la destitución de sus cargos de 27 militares en todo el país, de los cuales 6 pertenecían a esta unidad militar.

Otro hecho que rompe esos lazos entre la comunidad y las fuerzas de seguridad del Estado, es el caso más reciente, el de diciembre pasado, cuando fueron capturados 7 uniformados entre militares y policías, acusados de vínculos con ‘Los Botalones’. Entre los capturados había dos coroneles, uno de la Policía adscrito a al comando del Magdalena Medio y el otro del Ejército Nacional, quien era el comandante del Batallón Bombona, con sede en Puerto Boyacá, y adscrito a la XIV Brigada de Puerto Berrío. Todos fueron acusados de tener nexos con paramilitares.

Vencer el miedo: un reto desde la sociedad civil para poder expresar su rechazo a la violencia

Muy pálida ha sido la respuesta de la sociedad civil frente a los hechos violentos que no han despertado ese clamor por la vida. Esto no ha sido por el falta de interés de reinvidicar la vida, sino por el temor en el que viven constantemente. Como se recordará, en ese ejercicio de ir perdiendo el miedo a la hora de hacer respetar sus derechos fundamentales, la comunidad salió a marchar en contra de los violentos en dos oportunidades. La primera de ellas fue en el 2009, tras la muerte de una estudiante de apenas 15 años de edad, y la segunda el pasado 13 de marzo de 2010, cuando fue asesinado el profesor Duvían Rojo, junto con su esposa, cuando se desplazaban en un vehículo, y fueron interceptados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Este hecho sucedió a escasas cuadras de las instalaciones de la Policía Nacional.

Estás acciones emprendidas desde el seno de la sociedad pueden ser consideradas como Acciones Colectivas por la Paz, y están acompañadas de procesos que han salido desde las mismas víctimas del conflicto armado. Es así, como se conforma la Corporación Ave Fénix, en el cual un grupo de mujeres han entendido que es el momento de hacerle frente al conflicto armado, y exigir sus derechos de reparación. Esta organización agrupa a familiares de víctimas del Estado, la guerrilla y el paramilitarismo.

Reparar a las víctimas: una manera de construir un presente y un futuro distintos a la historia reciente

“El apoyo hacia las víctima ha sido total. En alianza con la Personería Municipal, se trajo un grupo interdisciplinario de profesionales desde las ciudades de Barrancabermeja y Bucaramanga, para que asesorara a más de 1.500 víctimas que están en busca de la reparación a través de la vía administrativa. Allí, se les entregaron a algunos carta-cheques, a otros se les informó que papeles le hacían falta para acceder a la reparación. A su vez estuvo un fiscal seccional especializado en desapariciones forzadas”, expresó el mandatario local.

Agregó, “Otra cosa que quiero resaltar es que nosotros creamos una oficina que únicamente está para atender a las víctimas del conflicto armado. Es decir, a Puerto Berrío, puede llegar una familia o un ciudadano desplazado por la violencia, que inmediatamente lo atendemos con la ayuda de emergencia; además tenemos una abogada especializada que esta atendiendo a esta población. De esta manera estamos atendiendo a las personas víctimas del conflicto armado”.

La aplicación de la Ley 1448 tiene mucho que hacer en Puerto Berrío. No obstante, deja un sinsabor frente a los nuevos hechos de violencia de hoy. Los crímenes de hoy generan nuevas víctimas que encuentran mecanismos no ágiles para identificar a los victimarios y detener los nuevos ciclos de violencia que están presentando en el Puerto.

En medio de este mar de desesperanza, la sociedad civil busca alternativas que los conduzcan a la restauración del tejido social, que se ha visto golpeado por las acciones criminales de quienes han optado por seguir atentando contra la vida, de quienes no han optado por el conflicto armado. Y son ellos precisamente, quienes cansados de seguir involucrados en un conflicto al que no quieren pertenecer, y con el cual han convivido por más de cuatro décadas, sufriendo los embates de las acciones de los grupos guerrilleros, después los paramilitares y como si fuera poco del mismo Estado, que los ha abandonado.

La urgencia de poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo incluyente, participativo y democrático Precisamente, es al Estado, a quien las comunidades le reclaman esa indiferencia para ayudarlos a contrarrestar la falta de garantías para la vida. Para ello creen que se debe hacer una intervención desde lo social, con implementación de proyectos que generen empleos, y de paso recursos a las familias, y desligarse de ese modus vivendi que les ha impuesto la guerra. “Lo que necesitamos es que se generen empleos, para que las madres trabajen, y dejen de pensar en mandar a robar a sus hijos, porque de lo contrario no tendrían con que comer. También le pedimos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tome cartas en el asunto, ya que vemos el aumento de la prostitución infantil entre nuestras niñas”, aseguró doña Rosa*.

La sociedad civil ha puesto las cartas sobre la mesa. Sólo resta encontrar al doliente que les ayude a implementar acciones en pro de la paz, porque de lo contrario van a seguir derramando lágrimas las madres, esposas, e hijos, por la perdida de sus seres queridos, y frente a esto doña Rosa* asegura “En Berrío estamos en nada. De seguir así es mejor empacar e irnos”.

* Nombres cambiados a petición de los entrevistados por razones de seguridad

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