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Organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron a la corte suprema de justicia declarar inconstitucional el acto legislativo 02 de 2012 que establece la ampliación del fuero penal militar.

Escrito por  el 
10 septiembre, 2013
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 Cerca de dos horas aproximadamente 300 personas se concentraron frente a la corte constitucional y entregaron a la corte un manifiesto firmado por organizaciones sociales y de víctimas en apoyo las demandas que buscan retirar el ordenamiento jurídico que amplia el fuero penal militar.

 

Las organizaciones y plataformas de derechos humanos preocupadas por la reforma al fuero penal militar contenida en el acto legislativo 02 de 2012 y en la ley estatutaria que transforma el marco constitucional ya que trasfigura indiscutiblemente la constitución acabando con la independencia judicial, la separación de poderes, y le entrega a los propios militares el conocimiento de graves violaciones a los derechos humanos cuando los civiles resultan afectados por acciones militares, exigieron a la corte retire la reforma al fuero militar debido a que esto se hace desconociendo que para los militares también aplica el derecho internacional de los derechos humanos y expresando que estos solo se rigen por una versión del derecho internacional humanitario, que tiene unas versiones muy laxas de lo que significa el blanco militar y los blancos legítimos, de esta manera todos los civiles terminan siendo potenciales víctimas de las operaciones militares sin que eso genere ninguna responsabilidad judicial, sin que se hagan investigaciones por esos delitos o que cuando se abran terminen en la total impunidad por ser los mismos que cometieron los hechos quienes los investiguen.

La petición de las organizaciones defensoras de derechos humanos es concreta, se retire la reforma constitucional y la ley estatutaria por ser contraías a la carta magna, los pactos y tratados internacionales de derechos humanos que prescribe Colombia donde reza que las graves violaciones a los derechos humanos no pueden ser investigadas por los mismos que las cometieron, si no por un tribunal competente, imparcial e independiente en la justicia civil y no por los militares.

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