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Nuevas violaciones de derechos humanos por parte del ejército en el Catatumbo

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25 febrero, 2013
El ejercito nacional viene haciendo presencia en el caserío desde el miércoles trece de febrero del 2013, en las horas de la mañana. Ese mismo día retienen a un niño enfermo mental y lo esconden en la funeraria, un establecimiento construido por la comunidad, haciéndole un sin número de preguntas sobre multitud de temas. La comunidad preocupada por el impacto de ese interrogatorio ilegal decide evacuar al niño a la ciudad de Cúcuta.

 

 

La fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, al parecer la brigada 22 o la 27, está haciendo presencia en el interior del caserío desde la fecha anteriormente mencionada. Según información de la comunidad, el teniente Uribe recibió la queja del señor Pedro Molina, presidente de la Junta de Acción Comunal, haciéndoles notar el peligro que representaba para la población civil su presencia en la Vereda Honduras ante un eventual enfrentamiento armado con la insurgencia. La presencia de fuerza pública en el interior de los caseríos es una infracción al Derecho Internacional Humanitario, poniendo en peligro a la población civil no involucrada en el conflicto armado.

La Asociación Campesina del Catatumbo denuncia también el acercamiento de la fuerza pública a los menores de edad de la zona, a través de dádivas como dinero y dulcería, para luego interrogar ilegalmente a esos y esas menores, fuera del caserío. Con ese accionar se pone en peligro a toda la comunidad y se involucra en el conflicto a los menores, violando así sus derechos humanos.

Otro inconveniente es la continua toma de fotografías a la población civil sin justificación por parte de la FTC Vulcano y los registros y allanamientos ilegales en las viviendas de los campesinos de la zona en repetidas ocasiones. Este accionar crea zozobra en la población y genera sensación de inseguridad ante posibles montajes judiciales.

Debido a su ubicación, y a que la carretera acaba en esa vereda, se vienen presentando inconvenientes con la Fuerza pública que viene impidiendo el parqueo de motos de los y las campesinas, en determinadas zonas, de manera arbitraria dificultando así la movilidad.

La fuerza de tarea conjunta Vulcano está impidiendo la venta de gas propano, sin justificación y, por otro lado, se está restringiendo la distribución de pesticidas y otros insumos para el trabajo de la tierra, con la excusa de que pueden acabar en manos de la insurgencia. Estos señalamientos ponen en peligro a la comunidad.

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