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Más de 300 activistas asesinados en 2017: Front Line Defenders publica su Informe Anual sobre defensores/as de derechos humanos en riesgo

En 2017, 312 defensores/as en 27 países fueron asesinados por su trabajo pacífico, según datos recopilados por Front Line Defenders. Más de dos tercios, el 67% del número total de activistas asesinados, defendían derechos sobre la tierra, al medio ambiente y de los pueblos indígenas, casi siempre en el contexto de actividades de industrias extractivas, megaproyectos y grandes empresas.

Dedicado a los más de 300 defensores y defensoras de derechos humanos asesinados este año, el Informe Anual de Defensores de Derechos Humanos en Riesgo de Front Line Defenders abre con dos páginas que enumeran los nombres de los y las fallecidas. El informe detalla los ataques físicos, las amenazas, el acoso judicial y las campañas de desprestigio utilizadas por actores estatales, no estatales y corporativos para obstaculizar el trabajo pacífico de defensores/as de los derechos humanos en todo el mundo.

En 2017, 312 defensores/as en 27 países fueron asesinados por su trabajo pacífico, según datos recopilados por Front Line Defenders. Más de dos tercios, el 67% del número total de activistas asesinados, defendían derechos sobre la tierra, al medio ambiente y de los pueblos indígenas, casi siempre en el contexto de actividades de industrias extractivas, megaproyectos y grandes empresas.

De entre los casos recopilados, solo el 12% de todos los casos de asesinato dieron como resultado el arresto de sospechosos. La impunidad ante actos de violencia y la insuficiencia crónica de protección para defensores/as en riesgo continúa generando el clima de frecuentes asesinatos, dijo la organización. De los casos sobre los cuales se recopilaron datos sobre amenazas previas, el 84% de las y los defensores habían recibido al menos una amenaza de muerte personal antes de ser asesinados/as.

“En todo el mundo, los y las defensoras continúan diciéndonos que la policía y los funcionarios del gobierno se niegan a responder a las solicitudes de protección tras las amenazas de muerte”, dijo el Director Ejecutivo Andrew Anderson en el lanzamiento del informe en Dublín. “Los homicidios casi siempre ocurren después de una serie o patrón de amenazas, lo que indica que si la policía tomase medidas preventivas y las autoridades tomasen en serio las amenazas contra los/as defensores/as, los asesinatos podrían reducirse drásticamente”.

“Los homicidios casi siempre ocurren después de una serie o patrón de amenazas, lo que indica que si la policía tomase medidas preventivas y las autoridades tomasen en serio las amenazas contra los/as defensores/as, los asesinatos podrían reducirse drásticamente”, Andrew Anderson, Director Ejecutivo

Además de la alta tasa de asesinatos en 2017, la criminalización siguió siendo la estrategia más comunmente utilizada para obstaculizar el crucial trabajo de los/as defensores/as de derechos humanos. En 2017, miles de activistas fueron detenidos bajo acusaciones falsas, sometidos a procesos legales prolongados, costosos e injustos o condenados a largas penas de prisión. En varios países, las autoridades acusaron a personas defensoras de “hacer la guerra al Estado” y “secesión”, cargos que pueden conllevar hasta la pena de muerte. En Medio Oriente y África del Norte, personas defensoras de derechos humanos enfrentaron cargos relacionados con terrorismo, la seguridad del estado y el espionaje. En Vietnam, el gobierno organizó una campaña sistemática contra blogueros, académicos y periodistas en 2017, con activistas arrestados, acusados, etiquetados como “enemigos del estado” y sometidos a penas de prisión de hasta diez años y tiempo adicional bajo arresto domiciliario.

El informe también destaca que la presión internacional sobre los gobiernos que atacan a defensores y defensoras es crucial. En 2016, seis personas defensoras en Sudán fueron detenidas y enjuiciadas por “conspiración para realizar actividades de espionaje e inteligencia a favor de embajadas extranjeras” y “llevar a cabo una guerra contra el estado”. Tres de ellas estuvieron detenidas durante casi un año; dos fueron torturadas. Sin embargo, después de una extensa campaña de presión nacional e internacional, los seis recibieron un indulto presidencial en agosto de 2017.

En muchos de los casos denunciados por Front Line Defenders, tanto el hostigamiento judicial como los ataques físicos fueron precedidos por campañas de difamación y desprestigio a nivel local. Las defensoras de los derechos humanos en todo el mundo informaron sobre el aumento de campañas de difamación y descrédito de carácter sexual , dirigidas a obstaculizar su activismo al socabar sus redes de apoyo locales.

En respuesta, según el Director Ejecutivo Andrew Anderson, Front Line Defenders está trabajando para promover la seguridad de personas defensoras con una gama de programas de protección. Además de capacitaciones en gestión de riesgo y protección digital, incidencia política a nivel nacional, internacional y de la UE, reubicación de emergencia y casi 500 subvenciones de protección provistas a activistas en riesgo en 2017, Front Line Defenders también trabaja con defensores y defensoras de derechos humanos para diseñar estrategias de visibilidad que contrarrestren las campañas de difamación y desprestigio que les colocan en situaciones de riesgo.

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