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Las víctimas de Puerto Alvira, 20 años luchando por la verdad

El 4 de mayo de 1998 unos 200 paramilitares llegaron a la vereda de Puerto Alvira, también conocida como Caño Jabón, en vísperas de cumplirse un año de la primera masacre en Mapiripán. El grupo armado salió desde un lugar llamado Vista Hermosa y en su recorrido hasta el casco urbano de la vereda asesinaron a 7 personas. Ya instalados en la zona, los “paras” sacaron de las casas a los habitantes del sector y con lista en mano, asesinaron en el parque principal al menos a 20 personas.

20 años después, en audiencia pública ante el Congreso de la República, las víctimas de esta masacre hicieron memoria sobre estos lamentables hechos que aún permanecen en la impunidad y cuyas heridas siguen abiertas.

Hombres y mujeres relataron cómo fue la incursión paramilitar hasta la vereda; los paras entraron con la excusa de que existían colaboradores de la extinta guerrilla de las FARC-EP. Puerto Alvira era una de los principales territorios en los que había cultivos de coca y por su ubicación geográfica entre el río Meta y Guaviare, se facilitaba el narcotráfico, por lo que en declaraciones de justicia y paz el cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso al momento de aceptar su responsabilidad penal por estos hechos, indicó que el objetivo era masacrar antes a la población de Caño Jabón –Puerto Alvira- y no en el casco urbano del municipio de Mapiripán, y así apoderarse del control del negocio ilícito.

Después de haber asesinado, saqueado y sembrado el terror en la vereda, la estación de gasolina fue incinerada y con ella, los cuerpos yertos y la mitad de las casas del pueblo. En consecuencia, la mayoría de la población se vio obligada a abandonar sus casas, sus pertenencias, su tierra y a desplazarse a otros sectores del departamento del Meta con ayuda de la Cruz Roja Internacional.

En una carta dirigida al defensor del pueblo de Villavicencio, los habitantes advirtieron la presencia de nuevos grupos ilegales en la región y del miedo de presenciar una nueva masacre como la de Mapiripán. El mensaje que no solamente estaba dirigido a la Defensoría del Pueblo sería omitido por las diferentes instituciones gubernamentales a las que estaba dirigida, en especial, del Ejército Nacional quien estaba encargado de velar por la seguridad de la población civil.

Si no hubiera sido por la omisión de las fuerzas militares, ante los diferentes hechos de violencia que se desarrollaron alrededor y en el municipio de Mapiripán, la incursión paramilitar no habría ocurrido. Por la masacre en el casco urbano del municipio se encuentran condenados el General Jaime Alberto Uscategui y Rito Alejo del Río, quienes en estos momentos se encuentran en libertad por haberse acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Mientras tanto, el comandante Fredy Padilla León, el mayor general Rosso José Serrano Cadena ex director de la Policía Nacional, el gobernador del Meta para la época Alfonso Bautista Durán y el actual gobernador Alan Jara Urzola, están siendo investigados por los hechos ocurridos el 4 de mayo de 1998 en la vereda de Puerto Alvira – Caño Jabón, sin que hasta el momento la justicia haya ofrecido ningún resultado concreto.

La reparación un sueño para las víctimas

Varias instituciones desatendieron el llamado hecho por el senador Iván Cepeda y el representante a la cámara Alirio Uribe a rendir cuentas a las víctimas, entre ellas, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Nacional de Tierras. Mientras tanto quienes hicieron presencia, dieron respuestas generales sobre el departamento o el municipio de Mapiripán, pero no profundizaron sobre la situación particular de Puerto Alvira y la información brindada fue poco alentadora.

Según la Unidad para las Víctimas, de las 5.326 víctimas reconocidas en el departamento del Meta, solo 543 (cerca del 10%) han sido reparadas administrativamente. El plan retorno, como hace varios años, sigue esperando un concepto favorable de seguridad por parte de las Fuerzas Militares. Sin embargo, el proceso de restitución de tierras cuenta con el aval de seguridad por lo que resulta ser contradictorio. El consuelo para las víctimas es que Mapiripán está priorizado este año para la indemnización.

Del mismo modo la Unidad de Restitución de Tierras reafirmó que Mapiripán es el primer municipio en solicitudes de restitución con cerca de 1.400 reclamaciones, de las cuales, 904 han sido “tramitadas”, categoría que incluye desde una sentencia hasta un análisis preliminar con posterioridad a la microfocalización. Cerca de la mitad de las 904 han sido decididas en etapa administrativa y en más de la mitad de los casos se negó el derecho. Por último, solo hasta diciembre pasado hubo condiciones logísticas y de seguridad para microfocalizar algunas inspecciones del centro-oriente de Mapiripán, entre ellas la de Puerto Alvira. De manera que pasados 20 años de la masacre y 7 años de la restitución, hasta ahora serán estudiadas las solicitudes de tierras de la zona.

Cecilia Lozano, representante de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta (ASOMUDEM) y David Uribe, abogado de Humanidad Vigente, respondieron recalcando el lento avance de la reparación colectiva que debería estar adelantando actualmente el diagnóstico del daño. También se hizo un llamado a la articulación efectiva entre las políticas de implementación de los acuerdos de paz, de atención y reparación a las víctimas desde un enfoque integral para que estas no se agoten en el aparato burocrático y transciendan al cumplimiento de sus objetivos últimos: la transición de los territorios de la guerra a la paz.

Finalmente, se alertó sobre el grave contexto de seguridad en el municipio que ha dejado al menos 2 líderes sociales asesinados en el período reciente. El delegado de la Defensoría del Pueblo se sumó a esta preocupación indicando que en las más recientes alertas se ha advertido la presencia de grupos disidentes de FARC, paramilitares y la presunta llegada del ELN, quienes se encuentran disputando el control del territorio y del narcotráfico.

Lo que reclaman las víctimas

Puerto Alvira era una “sucursal del cielo”, un pueblo próspero, vivo, alegre. Así lo describieron las víctimas al tiempo que afirman que si no fuera por la masacre, aún estarían allí y con seguridad lo hubieran escogido como el lugar para pasar sus últimos días. La crueldad y la infamia de la masacre de Puerto Alvira ha estado a la sombra de su hermana, la emblemática masacre de Mapiripán de julio de 1997, lo que ha hecho más difícil su reconocimiento y atención por parte del Estado. Se insiste: en Mapiripán no hubo una, sino muchas masacres.

Desde ese trágico 4 de mayo han pasado 20 años de lucha por la dignidad y por recuperar la memoria y buen nombre de los familiares y seres queridos que fueron sacrificados. Las víctimas reclaman del Estado una reparación integral, que reconstruya los proyectos de vida que fueron truncados en la que devele la verdad de los máximos responsables y móviles que condujeron a la barbarie.

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