La Justicia tarda, tarda y se niega a llegar.
Casa del campesino Aicardo Ortiz Tobón
Para los días 27, 28 y 29 de octubre de 2014, luego de 11 meses de interrupción, estaba previsto se diera continuidad al juicio oral que se adelanta en el Juzgado Segundo Penal Especializado de Antioquia contra cinco militares por la ejecución extrajudicial del campesino Aicardo Antonio Ortiz Tobón ocurrida el 8 de julio de 2008 en la Vereda Jabonal Alto, Corregimiento San Francisco del Municipio de Yondó Antioquia, pero por segunda vez en el transcurso de este año la diligencia judicial fue cancelada y aplazada hasta Abril de 2015, el motivo de esta dilación se encuentra sustentada en que, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- no dio cumplimiento a la orden de trasladar los militares quienes se encuentran recluidos en una guarnición militar de Bogotá, arguyendo a último momento que no contaban con los recursos para la compra de los tiquetes aéreos Bogotá- Medellín de los procesados; esto a pesar que la solicitud de remisión había sido emitida con 4 meses de antelación por el juzgado.
El crimen del cual fue víctima el campesino, fue cometido por el Pelotón Aguerrido número 3 del Batallón de Ingenieros número 14 Batalla de Calibíoen desarrollo de la Operación Majestad dos al mando del teniente Edgar Iván Flórez Maestre, quienes dieron muerte al campesino y lo reportaron como una baja en combate.
Aicardo Antonio Ortiz Tobón varias veces había manifestado ante su comunidad la preocupación que lo asistía por el alto número de ejecuciones extrajudiciales, que en ese momento se estaban cometiendo por miembros de las fuerzas militares en la región en la cual vivía, durante las reuniones de junta de acción comunal, sostenía que, si tenía que dar su propia vida para que ese terror de las ejecuciones extrajudiciales terminara, él estaba dispuesto a hacerlo. Y así ocurrió, el día 7 de Julio de 2008, el Teniente Edgar Iván Flórez Maestre hablo por vía radial con quien para ese momento fuese su superior, el Coronel Wilson Ramírez Cedeño que comandaba el Batallón Calibío, Maestre, en declaraciones rendidas ante la procuraduría general de la nación, sostuvo que el propio Cedeño conocía desde el primer momento la idea de legalizar al campesino e incluso fue quien envió el paquete que contenía algunos elementos colocados en la escena del crimen para hacer ver al campesino como un combatiente de un grupo subversivo. “En ese momento yo organice todo con mi personal, informe por vía radial a mi coronel Ramírez Cedeño comandante del batallón Calibío, que había llegado un guía enviado por el Sargento Soler para que hiciéramos un trabajo, le di la información a mi coronel que iba a llegar directamente a la casa del miliciano y que iba a hacer lo correspondiente, mi Coronel me dio luz verde para hacer el trabajo”.
A pesar de estas declaraciones y que en este proceso judicial ya existen tres condenas, la del Teniente Flórez Maestre a 28 años de prisión, la del soldado Castaño Bolaños a 21 años de prisión, (éstas en virtud de preacuerdos realizados con la fiscalía) y otra contra él civil Jhonatan Andrés Coronado Prada quien sirvió de guía al ejército a 40 años de prisión por el crimen cometido contra el campesino. Ni el coronel Wilson Ramírez Cedeño, ni otros mandos superiores al teniente se encuentran vinculados a este juicio y los otros militares que son soldados rasos involucrados en la ejecución extrajudicial del campesino, gozan de los beneficios de estar recluidos en guarniciones militares.
Han pasado cinco años desde el crimen del campesino y aun la justicia se niega a actuar de manera certera y comprometida con los familiares de la víctima para restablecer sus derechos y la dignidad del campesino ejecutado extrajudicialmente por tropas del ejército colombiano, mientras tanto en el Congreso de la República, fue aprobado el segundo debate que permite la ampliación al fuero militar, de esta manera los militares ven cada vez más cerca la posibilidad que este proceso sea de conocimiento y sanción de la justicia militar y la impunidad siga siendo la reina en los delitos cometidos por miembros de las fuerzas militares contra el pueblo colombiano.