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Juzgado 39 suspende una orden de captura y pone en libertad a 4 militares por el asesinado del campesino Aicardo Antonio Ortiz Tobón

El 28 de junio de 2017, se dio inicio por parte del Juzgado 39 penal municipal con función de control de garantías de Medellín, la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento y suspensión de órdenes de captura a los militares implicados en la muerte del campesino Aicardo Antonio Ortiz Tobón, quien fue ejecutado extrajudicialmente por integrantes del Batallón Batalla de Calibío el 8 de julio de 2008. La audiencia se dio en virtud de los articulos 6 y 7 del Decreto 706 de 2017, que tiene por objeto aplicar un tratamiento especial a los miembros de la fuerza pública en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del SIVJRNR.

La solicitud fue presentada por los procesados a través de la Fiscalía General de la Nación, la cual el Juzgado analizó en el cumplimiento de una serie de requisitos; debido a ello el despacho solicitó la suspensión de la audiencia por el término de 3 días hábiles, reanudándose el 4 de julio de 2017. El Juzgado resolvió acceder a la solicitud realizada, y sustituir la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad por la libertad condicionada a 4 miembros del Ejército Nacional, y suspender la orden de captura de uno de los militares que no se encontraba recluido.

Humanidad Vigente organización defensora de derechos humanos quien representa a las víctimas, apeló la decisión y se encuentra en trámite ante el juez de segunda instancia. Teniendo en cuenta que Aicardo Antonio Ortiz Tobón fue llamado a la puerta de su casa por parte de agentes del Estado, quien al atender al llamado fue asesinado por soldados del Batallón Batalla de Calibío y posteriormente recibiría otra ráfaga en el momento en que cayó al piso.

Como organización defensora de derechos humanos, esta decisión, al igual que otras que han sido adoptadas en el marco de la JEP, marca un precedente muy preocupante para las víctimas y quienes las representamos, ya que se otorgan beneficios y un trato diferenciado a responsables de ejecuciones extrajudiciales, con el fin de obtener beneficios como ascensos, permisos y condecoraciones. Los hechos guardan una relación estrecha con el conflicto armado y además, en declaraciones de los autores materiales se ha sabido que la intención era asesinar al señor Aicardo Antonio Ortíz, para reportarlo como baja en combate y mostrar resultados positivos en la lucha contrainsurgente, lo que demuestra el abuso de poder por parte de los agentes del Estado, apartándose completamente de sus deberes constitucionales y asesinando a personas inocentes.

Si se confirma la solicitud presentada por los militares, Humanidad Vigente manifiesta su total rechazo a este tipo de decisiones, pues se debe verificar el cumplimiento estricto de los hechos con el conflicto armado; especificar las condiciones de libertad, las medidas que se van a tomar para que no se evada a la justicia, y se garantice el derecho a las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

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