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¿Por qué los campesinos marcharán en Norte de Santander?

Escrito por  el 
5 octubre, 2012

Respuesta al mensaje mal intencionado de Álvaro Uribe Vélez sobre la marcha convocada por Ascamcat hacia el Tibu. Esta  marcha es  impulsada por la unión de esfuerzos del pueblo catatumbero,  no es una marcha convocada o impulsada por el gobierno o por las Farc, como lo estan afirmando algunos sectores y comentarios.

 La región del Catatumbo en Norte de Santander, se ubica en la región del nororiente colombiano, en frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela. Está conformada por los municipios de la Provincia de Ocaña: La Playa, Ábrego, Sardinata, El Carmen, Hacarí, Convención, Teorama, San Calixto, El Tarra y Tibú, con una población que supera las 180 mil personas.

Sus pobladores han vivido épocas muy buenas, cuando se podía producir miles de toneladas de cacao, plátano, yuca, maíz, frijol, cítricos, aguacate, ganadería, pescado entre otros productos, que eran embarcados en camiones que salían de la Gabarra, el Tarra, El Aserrío o Convención, los puntos más centrales de la región del Catatumbo.

En 1996, en pleno auge de los cultivos de uso ilícito, miles de campesinos se organizaron para exigirle al gobierno mejores alternativas de vida para los habitantes de la región, lo cual generó la Marcha Campesina de 96, mediante la cual se acuerda con el gobierno departamental la elaboración de un Plan de Desarrollo Alternativo para la Región del Catatumbo, que sería elaborado con la participación de cinco delegados campesinos y delegados del gobierno. En esa misma fecha el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano anunció la creación e instalación de la base militar antinarcóticos, en el corregimiento especial de la Gabarra (municipio de Tibú).

Dos años después, el incumplimiento del acuerdo por parte del gobierno con el campesinado de la región, desencadenó un nuevo levantamiento del pueblo catatumbero. Es así como en 1998, los campesinos se movilizaron hacia el municipio de El Zulia, donde la fuerza pública arremetió con violencia dejando como saldo varios hombres, mujeres y niños muertos o desaparecidos. Pero los campesinos se mantuvieron y el gobierno se comprometió a cumplir los acuerdos adquiridos anteriormente. Los campesinos regresaron a la región, pero entonces las amenazas no se hicieron esperar y nacieron los comentarios y la zozobra en medio del campesinado, por que pronto llegarían los “los paracos” o paramilitares.

El 29 de mayo de 1999 se da la primera incursión paramilitar, donde los hombres de Mancuso llegaron hasta el sitio llamado Refinería, a tan sólo unos kilómetros del casco urbano del municipio de Tibu, pasando en camiones por el puesto de control de la policía; según lo afirmaron alias “el Iguano” y otros desmovilizados en sus versiones libre, quienes en el puente de carboneras, asesinaron a 11 personas que se dirigían de la Gabarra- Tibu en un bus de pasajeros.

El 21 de agosto de 1999 se produce una de las masacres más sangrientas que se conocen en la región del Catatumbo, donde Mancuso y sus hombres asesinaron más de 94 personas, en el corregimiento especial de la Gabarra, logrando así posicionarse y tomar control de la región gracias al asesinato de 10.200 campesinos, el desplazamiento forzado de 110.000 personas de todos los municipios, el robo de tierras, ganado y el asesinato de perros, vacas, gallinas justificándolo con el argumento que le pertenecían a la guerrilla, desangrando la región y generando terrorismo en cada rincón de ella, acabando con lo que encontraban a su paso, violando mujeres, quemando o enterrando gente viva, desapareciendo, torturando, descuartizando, matando y botando los cuerpos al río Catatumbo, entre otras barbaridades que sólo pueden narrar los sobrevivientes que sufrieron en carne propia el horror.

A Finales del año 2004, después de cinco años de sufrir esta dura pero real situación, en la región del Catatumbo se desmovilizan el Bloque Norte y el Bloque Catatumbo, bajo el mando de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Hoy unos están muertos, otros en extraditados en Estados Unidos y otros ya están terminando incipientes condenas de tan solo 8 años, caso específico: Iván Laverde Zapata, alias “el Iguano”, que confesó más de 2.000 crímenes, pero según las leyes de impunidad de Colombia, el que más crímenes confiese, menos tiempo paga en la cárcel. A través de la mal llamada Ley de Justicia y Paz, creada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se le dijo no a la verdad, justicia y reparación integral a las víctimas de estos infames Crímenes de Estado.

Pero cuando al fin se creía que iba haber tranquilidad en la región, que los campesinos iban a poder vivir en paz, tranquilidad y que finalmente podrían tener nuevamente la oportunidad de trabajar su tierra, en el año 2005 se incrementa el pie de las fuerzas militares del ejército colombiano, y el campesinado se encuentra entonces bajo el fuego de los bombardeos indiscriminados. Como prueba de ellos, el ocurrido en la vereda el Suspiro, del municipio de Teorama, que dejó 50 familias desplazadas, un total de 300 personas, se inician los empadronamientos ilegales por parte de la fuerza pública, (toma de fotos, huellas, registro de nombres a campesinos), tres meses después, se dan las primeras capturas masivas de los mismos campesinos que habían sido objeto de empadronamientos, se imponen horarios para la movilidad del campesinado de 6:00 a.m. – 6:00 p.m., se inician los confinamientos de poblaciones, cargar botas de caucho y machete se convierte en problema y genera estigmatización para el campesino.

Durante el exterminio llevado a cabo por los paramilitares entre 1.999 y 2.005, no había sido suficiente; en esos años cuando el pueblo realmente necesitaba a las fuerzas militares para proteger a la población del accionar criminal de estos grupos paraestatales, la ausencia descarada de la fuerza pública, su silencio y complicidad directa o indirecta evidenciaron la verdadera razón del gobierno colombiano: arrasar con todo lo que se opusiera al plan macabro de despojar al campesinado de sus tierras y forzarlo a abandonar uno de los territorios más ricos del país, para poder explotarlo a sus anchas.

Del año 2006 al 2008 la brigada Móvil N° 15 asesinó a 68 campesinos, muchos de ellos fueron detenidos frente a sus hijos y bajo el falsos argumentos, afirmando que se los llevaban detenidos y que se demorarían en volver. Muestra de ellos el caso emblemático de Luis Carlos Téllez Angarita, quien luego de ser detenido ilegalmente la comunidad fue detrás de las tropas para solicitar la libertad de este campesino padre de tres hijos, pero descarada y vilmente, se atrevieron a decir que fue dado de baja en combate. Son 68 familias que no olvidan esos hechos y qué decir de los jóvenes de Soacha que terminaron en fosas las comunes de las Lizcas, justo detrás del Batallón Santander en el municipio de Ocaña, quienes fueron vilmente asesinados por militares impulsados por la perversa directiva 029 de 2005, expedida por el Ministerio de Defensa que le otorgaba ascensos, recompensas o un de simple permiso por cada “muerte en combate”. ¿Será que exigir verdad, justicia y reparación es un delito?.

Dos años después, en el 2010, la Fiscalía Especializada N° 29 que funciona dentro de las instalaciones del Ejército, emitió 68 órdenes de captura contra habitantes de la región. Es así como se dan nuevas capturas masivas, 17 campesinos y líderes comunales fueron detenidos mediante procesos irregulares que se dieron tres meses después de una serie de empadronamientos ilegales con toma de fotografías, realizadas por miembros del Ejército en diferentes puntos de la región usando como argumento acusatorio el testimonio de testigos falsos, presuntamente “desmovilizados” que se contradecían en su afirmaciones y que, posteriormente acusaron a agentes de la SIJIN de incumplirles con el pago de $500.000 por los testimonio dado. Finalmente, los procesos en contra de las 17 personas detenidas precluyó a favor de la mayoría; no había fundamentos jurídicos suficientes, pues se trató de un vil montaje judicial.

Actualmente, mas de 15.000 hombres armados hasta los dientes, con sed de asesinar y con el afán de controlar la región del Catatumbo, impulsados desde el Ministerio de Defensa mediante un plan de consolidación, están militarizando la vida civil campesina, desconociendo las verdaderas necesidades de los campesinos, violando el principio de distinción y convirtiéndolos en objetivos militares, usándolos como escudo humano o blancos de la guerra.

Por estas y muchas más razones, los campesinos de 7 municipios de la región del Catatumbo nos hemos propuesto retomar las banderas de lucha de aquellos campesinos que fueron asesinados por los paramilitares, entre ellos cinco valientes y aguerridos líderes de los cuales fueron asesinaron tres el mismo día. Por ellos y por el campesinado Catatumbero, hoy exigimos una zona de reserva campesina para el Catatumbo von un plan de desarrollo y paz para la región del Catatumbo que enmarque las necesidades reales y más sentidas de la región, para sacarla adelante y volver una vida campesina no dependiente de los cultivos de coca por la ausencia de la inversión social. Una vida digna donde sembrar comida sea posible, ser autosuficientes, que la tierra le pertenezca al campesinado, no a los terratenientes no a las multinacionales, ni a las empresas que quieren llevarse el carbón arrasando con la biodiversidad y el recurso hídrico. La región del Catatumbo no es la tierra de grandes extensiones de palma, es la tierra para sembrar plátano, fríjol, arroz, maiz y todo lo que la ella pueda parir para ayudar abastecer a Norte de Santander y no depender de mercados internacionales.

Es por eso que hoy el campesinado del Catatumbo dice a una sola voz: no queremos mas guerra, no queremos mas muertos, no queremos mas desplazamientos, no queremos mas persecución judicial… Por que la paz con justicia social es salud, educación, vivienda digna, carreteras, acabar con todos los factores socioeconómicos que por más de 60 años han sumido a Colombia en la crisis.

Por eso la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), las alcaldías de varios municipios, las casas de las culturas, los estudiantes, campesinos, asociaciones de desplazados y toda aquella personas que este en contra de la guerra y quiera la paz, se sumarán este mes a la marcha por la paz que se realizará en tres puntos esenciales de la región: Convención, E Tarra Y Tibú el 11 y 12 de Octubre.

Esta marcha impulsada por la unión de esfuerzos del pueblo catatumbero no es una marcha convocada ni impulsada ni por el gobierno, ni por la Farc, como lo afirman los enemigos del pueblo que le temen a la unificación de los sectores sociales populares, es una marcha del pueblo cansado de la guerra y de la muerte.

¿Hasta cuándo los perversos e insaciables codiciosos ocultos tras el poder, continuarán usando el mismo discurso gastado para señalar y estigmatizar todas las iniciativas del pueblo (llámese marcha, acto público, plantón, conformación de movimiento social, asociación campesina, comunitaria, etc.), acusándolas de ser impulsadas por la guerrilla? Nosotros los campesinos que vivimos en carne propia toda la crueldad y el escarnio del conflicto social y armado que vive el país y que vive el Catatumbo, ¿No tenemos la libertad y el derecho legítimo de organizarnos? Es de aquí que nacen nuestras iniciativas, las necesidades subjetivas las que nos mueven.

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