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Humanidad Vigente presentó informe “Estrategia legal del paramilitarismo en Arauca”

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25 febrero, 2010
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Como parte de la serie Aportes a la verdad, la corporación Humanidad Vigente presentó el pasado 24 de febrero un informe sobre la implementación de la ley de Justicia y Paz en el departamento de Arauca.

Diana Teresa Sierra, abogada de Humanidad Vigente, estuvo a cargo de la presentación del informe. En él se aborda la ley 975 de 2005 que sirvió de marco legal al proceso de paz emprendido por el Gobierno Nacional con los grupos paramilitares, y producto del cual se adelantó su desmovilización.

Oneida Giraldo, directora de la corporación, explica que la investigación parte de entender que la llamada ley de Justicia y Paz es “un mecanismo de impunidad”.

La estrategia paramilitar en Arauca

A lo largo del documento se repasa el desarrollo de la estrategia paramilitar en Arauca a partir de la década de 1990, pero en especial desde 1998 con la conformación de la Convivir “El Corral”, bajo el mando de Crisóstomo Archila, y a expensas del ex general Mario Montoya, hoy embajador de Colombia en República Dominicana; grupo que estuvo involucrado en la muerte de más de 30 personas.

Dicha Convivir fue desmantelada por la presión popular, pero posteriormente fue conformado el Bloque Vencedores de Arauca de las AUC, estructura paramilitar que operó entre 1998 y el 2005, teóricamente desmovilizado el 23 de diciembre de 2005 en el municipio de Tame bajo el mando de los hermanos Miguel y Víctor Mejía Múnera, narcotraficantes que habrían adquirido la “franquicia” para participar del proceso de paz.

Pero el análisis del paramilitarismo en Arauca trasciende la historia del Bloque Vencedores, pues éste debe contemplarse como “una estrategia coordinada, con mandos responsables y profundos nexos políticos y económicos”, como lo plantea Alberto Yepez, de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos de organizaciones de derechos humanos, invitado por Humanidad Vigente a comentar el informe.

Para Yepez, la ley de Justicia y Paz es un marco de impunidad y de legitimación política de los grupos paramilitares. Y a pesar de la desmovilización de las AUC, el paramilitarismo continúa, ya que éste constituye “una política de estado”, que además de permitir el control político del país sirve como herramienta de acumulación económica, en la cual los grandes beneficiados son las empresas petroleras y mineras.

La parapolítica continúa vigente

Las investigaciones por la relación de diversos sectores con los grupos paramilitares y sus crímenes, proceso conocido como la “parapolítica”, ha afectado al 35% de los parlamentarios, proporción referida hace algunos años por los jefes paras como su “cuota” en el Congreso. Además, ha relucido la participación de mandatarios regionales, servidores públicos, miembros de las Fuerzas Militares y gremios económicos en los crímenes.

No obstante, éstos sectores han logrado “reencaucharse” y hoy en día mantienen su influencia política, en especial a través del método de gobernar “en cuerpo ajeno”, es decir, gracias a personas cercanas o familiares que participarán en las próximas elecciones al Parlamento y la Presidencia como candidatos de los partidos de la coalición de gobierno.

En el caso de Arauca, los responsables políticos del paramilitarismo han sido Julio Acosta Bernal, gobernador entre el 2003 y el 2007, hoy por hoy prófugo de la Justicia, y el ex alcalde de Tame Alfredo Guzmán, actualmente encarcelado. De otro lado, en octubre de 2008, Miguel Mejía Múnera sostuvo que los fundadores del Bloque Vencedores de Arauca son dos personas que se encuentran prófugos de la Justicia.

Cambio de táctica

Para Martín Sandoval, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, seccional Arauca, los mecanismos de represión en el departamento han variado en los últimos años. En un momento arreciaron las masacres de pobladores inocentes para causar temor y desplazamiento. Posteriormente se pasó a las detenciones masivas y a los montajes judiciales que han afectado en especial a las organizaciones populares y de derechos humanos.

Así mismo, Arauca ha sufrido una fuerte censura de prensa a partir de la intimidación de los periodistas. El director de Radio Meridiano 70, Efraín Alberto Varela Noriega, fue asesinado en el 2002 por sus denuncias de violaciones a los derechos humanos. Su reemplazo también fue asesinado. Muchos reporteros debieron abandonar su región por las amenazas y la persecución.

Además, se ha incrementado la militarización con la creación de tres nuevos batallones que ahora conforman la Octava División del ejército colombiano, con área de operación en Arauca, Casanare, Guainía y Vichada. Y que se complementa con la presencia militar estadounidense a través de asesores y contratistas.

Papel de las víctimas

Según la abogada Sierra, la ley no permite la participación plena de las víctimas, mientras que las investigaciones se encuentran en mayor parte en estado de impunidad. A pesar de esto, las organizaciones populares y defensoras de los derechos humanos han contribuido al esclarecimiento de los hechos y perseveran en su labor, no obstante la represión.

En el evento de presentación del informe, Ángela Cerón e Hilda Molano expusieron sobre la situación de las mujeres, niños y jóvenes en el marco de la implementación de la ley de Justicia y Paz, y en el contexto del paramilitarismo y el conflicto armado. Resaltaron la persecución sobre las víctimas y las dificultades para garantizar sus derechos.

 

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