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Estado colombiano declarado responsable por la Ejecución extrajudicial del campesino Aicardo Antonio Ortiz Tobón

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró responsable al Estado Colombiano-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, por la ejecución arbitraria del campesino Aicardo Antonio Ortiz Tobón ocurrida  el 8 de julio de 2008 en la Vereda Jabonal Alto, jurisdicción del municipio de Yondó-Antioquia, en sentencia proferida el 31 de mayo de 2017.

Esta sentencia además de confirmar el pronunciamiento de primera instancia realizado por el Juzgado primero administrativo de descongestión de Medellín en el que se reconoció que el asesinato del campesino por parte de miembros del ejército es un delito de lesa humanidad, se oficia a la Fiscalía General de la Nación y a la  procuraduría General de la Nación, para que de ser el caso reabran las investigaciones penales y disciplinarias, y se investigue a todos los militares involucrados.

En este fallo en el que se condena al Estado Colombiano se ordenó que sean revocadas las condecoraciones, reconocimientos, felicitaciones, permisos y demás incentivos dados a los militares y civiles que participaron en estos hechos, y la realización de medidas de satisfacción y de reparación simbólica a favor de las víctimas directas y de la comunidad.

En este caso señaló el Tribunal Administrativo de Antioquia que se concretó la falla del servicio porque los miembros del ejército que perpetraron este crimen violaron todos los estándares de protección mínima aplicables incluso a los miembros de los grupos armados insurgentes,  quebrantando con ello el  orden convencional constitucional y democrático, poniendo en entredicho la legitimidad de las fuerzas militares en nuestro país (Sentencia 2011 – 00344 – 01 del tribunal administrativo de Antioquia)

No obstante, a que por este crimen ya fueron condenados penalmente dos militares y un civil, el proceso que se adelanta contra otros cinco miembros del ejército nacional  también implicados no ha logrado avanzar, primero por maniobras dilatorias de la defensa, y luego por que el Juez primero penal especializado de Antioquia que ha tenido el conocimiento del caso desde diciembre del 2013 no ha actuado de manera diligente para dar por finalizada la etapa de juicio oral en la que se encuentra el proceso desde que el juzgado tuvo conocimiento del mismo. Tampoco se abrieron investigaciones contra otros miembros del ejército también implicados, a pesar que en uno de los testimonios de los militares condenados se dijo que las ordenes de realizar este tipo de crímenes eran impartidas desde los altos mandos y que estos eran de conocimiento del Coronel Wilson Ramírez Cedeño comandante del Batallón para la época de los hechos.

 

Actualmente, y en razón a los beneficios otorgados por el decreto 706 de 2017 (por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la fuerza pública en desarrollo de los principios del SIVJRNR)  los militares que cumplían medida de aseguramiento, y algunos de los condenados, hoy se encuentran en libertad, con la sola firma de un acta en la que se comprometen a aportar a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición ante la Jurisdicción Especial de paz. Mientras tanto los familiares del humilde campesino afirman que sus derechos como víctimas no han sido garantizados ni se han hecho efectivos por lo que seguirán alzando su voz para que la paz se construya sin impunidad.

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