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El futuro de las consultas populares y la importancia de la participación ciudadana

Escrito por  el 
22 noviembre, 2018

Foto tomada de: Pacifista.tv

Las organizaciones sociales y colectivos ambientales de Fusagasugá, trabajaron en conjunto con la comunidad y las autoridades locales del municipio, para impulsar la consulta popular de Fusagasugá realizada el pasado 21 de octubre, donde 39.175 personas votaron en rechazo al fracking, mientras que 202 votaron por el sí. Entrevistamos a David Uribe quien hace parte de Territorios de Paz –Terrepaz-, articulación de equipos profesionales que hicieron parte del proceso, sobre el futuro de las consultas populares y la importancia de los resultados del 21 de octubre.

Fusagasugá es el primer gran municipio de Latinoamérica que prohíbe el fracking ¿qué significa esto para la comunidad y el territorio?

Fusa tiene unas particularidades ecosistemitas que lo hacen bastante vulnerable, es un territorio muy reciente en las etapas geológicas de la tierra, diríamos que es un territorio “nuevo” y eso se ve reflejado en los constantes deslizamientos. No hace parte del páramo de Sumapaz pero es la capital de la provincia porque es el eje conector a nivel económico, social y cultural de los municipios que sí dan al páramo.

Ante la preocupación de la avanzada extractivista en la región se empezó a hacer pedagogía, encuentros, se constituyó una mesa ecoregional, y más recientemente aprovechando todo el boom de las consultas populares en 2017, se habló con el alcalde, para que a través de él se promoviera una consulta popular en el que se preguntara a la ciudadanía ¿sí o no está de acuerdo con las actividades de exploración y explotación petrolera? pero haciendo una aclaración especifica al fracking y también a la gran minería.

La pretensión era poder sacar adelante tres consultas al tiempo, Pasca, San Bernardo y Fusagasugá. Pasca es la primera que suspenden; las de San Bernardo y Fusa se logran destrabar a través de una tutela que asesoramos desde Terrepaz, en la que le pedíamos al Ministerio que financiara esas consultas, porque las tenía bajo un veto político.

Esto es muy importante porque el gobierno desde hace un año venía diciendo que si se querían hacer consultas, eran los municipios quienes debían financiarlas. La Registraduría, que es la que recibe plata de la nación para hacer este tipo de ejercicios, se pronunció diciendo que respetaba la decisión pero mostró su desacuerdo. Como mecanismo de participación democrática, consideraba que no podía exigírsele eso a los municipios, ya que si un municipio no cuenta con los recursos entonces no se va a poder hacer y el derecho de participación de la gente no se va a garantizar. Básicamente los juzgados reconocieron esta situación que no se puede dejar la situación de las consultas populares a los ordenadores del gasto de los municipios, sino que el Estado debe garantizar los recursos y así lo ordenó al ministerio.

¿Cuáles son las empresas y por qué están interesadas en la extracción de hidrocarburos y minería en el Sumapaz?  

Los bloques petroleros COR 33, COR 11 y COR 4 son los que están en la provincia del Sumapaz, los tiene en su mayoría Ecopetrol pero también esta Canacol Energy. Los bloques no están montados propiamente sobre el páramo, ya que es un ecosistema que está protegido constitucionalmente, pero la discusión es que no puede haber un entendimiento fragmentario de los ecosistemas, es decir, el páramo no puede vivir cercado por actividades extractivas, necesita corredores como bosques de niebla, bosques alto andinos, que de alguna manera lo protejan.

Además, así el punto la inyección hidráulica no esté en el páramo, las actividades de fracking sí tienen un cobijo más amplio y el principal riesgo de esta actividad, que es la contaminación de las aguas subterráneas, es una realidad para la región ya que una de las principales funciones del páramo es albergar agua en el subsuelo.

¿Cuál es el futuro de la consulta popular de Fusagasugá ante la decisión de la Corte Constitucional de ponerle límites?

Para nosotros el pronunciamiento de la corte regiría a futuro, y por lo tanto la consulta se mantiene hasta que no se diga lo contrario, esa es una decisión ya tomada. Pero incluso, es un pronunciamiento que todavía no tiene plenos efectos jurídicos porque no contamos con la sentencia, lo que se conoce es un comunicado de la Corte en donde se da a conocer un sentido de fallo. Por lo menos el Consejo de Estado ha dicho que los comunicados son eso, comunicados, o sea que tienen un efecto informativo, mientras que la sentencia tiene el efecto jurídico vinculante.

Aunque desde el comunicado uno ya puede inferir lo que dice la Corte y sus implicaciones, en este caso es una sentencia de tutela del caso Cumaral. Allí pueden salir unos planteamientos generales pero la decisión es para el caso específico. En ese sentido, son distintas las sentencias de tutela a las sentencias de constitucionalidad de la Corte.

En esa línea ¿se podría decir que la consulta popular de Fusagasugá si tiene validez?

Claro que la tiene. Desde la lectura política, el gobierno tiene la intención de bloquear las consultas populares e inclusive de tumbar las consultas que ya se hicieron, en asuntos jurídicos siempre hay un tramo de disputa y de interpretación, y uno puede encontrar eso en la misma Corte, porque antes se habían pronunciado a favor y ahora lo hacen en contra del alcance de las consultas, pero hay suficientes argumentos que respaldan su validez y legitimidad.

El gobierno debe entender que hay un importante número de gente que le está diciendo no a este tipo de prácticas, y eso es lo que permiten ver estos ejercicios como las consultas populares, en donde no se ofrece ninguna dádiva por participar, ni día hábil de trabajo, ni descuentos, ni mucho menos partidos políticos que se presten para pagar votos o cosas así. La gente sale a votar a conciencia.

Entonces hay que ver cuál va a ser la lectura política del gobierno. Si va a cerrar el mecanismo de consultas, entonces cuál va a ser la propuesta de participación o en qué escenario se va dar ese dialogo entre las comunidades y el gobierno. Porque la gente no quiere petróleo ni minería en sus regiones, eso es una realidad.

La Corte ha dicho que se debe llegar a un acuerdo entre comunidades y Estado para definir el uso del subsuelo ¿cuál sería ese posible escenario de dialogo para que la comunidad pueda expresarse?

El problema en realidad es que lo que promueve la Corte es un diálogo entre autoridades locales y nacionales, y la pregunta es dónde queda la comunidad. Acá por lo menos veo dos acciones, una mayor preocupación y pedagogía frente a la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial POT, EOT, PBOT, porque allí la gente tiene escenarios de participación y de alguna manera puede incidir en la regulación de las actividades de minería o petróleo, en los municipios donde no se tenga esta tradición, porque hay municipios que si tiene tradición minera y eso debe contemplarse en la planeación. Esto no es contradictorio con la consulta popular, en el caso de Cajamarca, por ejemplo, luego de la consulta se utilizaron elementos del plan de ordenamiento para reforzar la prohibición de ese tipo de actividades.

Hay otras figuras como las zonas de reserva de la sociedad civil, las mismas Zonas De Reserva Campesina, que no son tanto un protección legal sino una protección organizativa del territorio y esa es la segunda acción, yo creo que debe haber una movilización permanente, las comunidades deben estar muy activas frente a lo que va a pasar en su territorio y poder establecer redes para en el momento en que hayan medidas o acciones que vayan en contra de los territorios, tengamos la fuerza para que nos escuchen.

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