Ejército sabotea comisión de verificación en El Tarra
Miembros de la Brigada Móvil No. 23 llegaron de sorpresa y tomaron fotografìas de las personas que participaban en la elaboración de un informe sobre la situación humanitaria.
La comisión de verificación que se reunió en la Casa de la Cultura del municipio del Tarra, Norte de Santander, el martes 7 de septiembre, denunció que miembros de la Brigada Móvil No. 23 pretendieron sabotear la jornada de trabajo en la que se estaba elaborando un informe sobre la situación humanitaria en la región.
La comisión de verificación fue convocada por la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) con el objetivo de documentar y reconstruir lo sucedido el 15 de agosto de 2010, cuando en una clara violación al principio de distinción del DIH y atentando contra la vida de los niños y jóvenes del Catatumbo, miembros de la Brigada Móvil No 23 asesinaron a un joven de 16 años.
Así mismo, la Comisión está recibió otras denuncias correspondientes a los abusos de la Fuerza Pública, con lo que se elaboró un informe para fundamentar y apoyar la solicitud de la comunidad de trasladar la base de la Brigada Móvil No. 23 fuera del casco urbano de El Tarra y de igual forma exigir el respeto por los derechos humanos y el cumplimiento a los principios del derecho internacional humanitario.
Ascamcat y Humanidad Vigente denuncian que hacia las 12 del medio día, del martes 7 de septiembre, miembros de la Brigada Móvil No. 23 irrumpieron en la Casa de la Cultura donde se celebraba la reunión entre habitantes de El Tarra y veredas vecinas con algunos funcionarios públicos como el personero del municipio, un representante de la oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Norte de Santander, la secretaria de gobierno del El Tarra, el inspector de Policía, y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y miembros de organizaciones internacionales.
El soldado Luis Carlos Caicedo entró con una cámara filmadora haciendo registro audiovisual de las personas participantes de la comisión y de la comunidad allí presente. Cuando los militares fueron abordados por las International Peace Observatory (IPO), el subteniente Andrés Fernando Osorio Acosta argumentó que «el registró fílmico se realizaba atendiendo motivos de seguridad y ordenes del teniente coronel Jorge Andrade».
Posteriormente, al solicitar mayor claridad en el accionar de los militares, quienes no están autorizados para realizar este tipo de registro de la comunidad, Andrade aseguró que la cámara de vídeo estaba prendida porque con ella estaban buscando minas antipersonal en las calles. Vale la pena resaltar que las calles del municipio de El Tarra, son calles pavimentadas y no corresponde a zona rural.
Al caer la tarde del 7 de septiembre, miembros de la comisión de verificación se dirigieron al sitio donde el 15 de agosto resultó muerto un meno de edad, para hacer fotografías y vídeos para alimentar la investigación emprendida por la comisión de verificación.
Denuncian los miembros de la comisión que minutos después de llegar al lugar se vieron rodeados por un grupo de más o menos 30 militares quienes les acusaban de estar fotografiando y grabando al Ejército. Los militares exigieron revisar las cámaras fotográficas y de vídeo, allí pudieron comprobar que no existía ningún registro de ellos o de sus instalaciones.
Acto seguido, los soldados solicitaron la identificación de un periodista español que acompañaba la misión, le preguntaron sobre su origen, destino y actividad en Colombia, y tomaron nota de sus datos; además, advirtieron que los extranjeros no podían transitar por esa zona, pues está declarada como zona especial de orden público y requerían un permiso especial. Los acompañantes internacionales de IPO aseguran que tal restricción no existe y que ellos constantemente hacen acompañamiento a la comunidad en esa región.
Ascamcat y Humanidad Vigente, reiteran que la comisión convocada se trataba de una acción legítima de la sociedad civil con el objetivo de verificar la situación de DDHH en la región.
Por su parte, el Teniente Coronel Andrade descalificó la comisión y continuando con sus prácticas estigmatizadoras contra los defensores de derechos humanos aseguró que «esas comisiones lo que hacen es defender guerrilleros y asustar a mis tropas. Además, los extranjeros no deberían meterse en asuntos internos del país»
Andrade manifestó que iba a tomar contacto con el DAS para verificar los documentos del periodista español, además se comunicó con funcionarios de la SIJIN, pero no se supo qué hablaron o qué les comentó. Igualmente, tomó contacto con el capitán Calderón, encargado de derechos humanos de la Brigada que tiene sede en Cúcuta. La comisión solicitó interlocutar directamente con el capitán Calderon con quien IPO ya tenido contacto anteriormente explicando la labor de acompañamiento internacional que se realiza la región.
Durante el episodio, que duró más de una hora, los 30 militares que rodeaban la comisión y otros que estaban apostados en las inmediaciones del pueblo, hicieron registro fotográfico de los miembros de la comisión. Finamente, tras la mediación del personero de El Tarra – señor Luis Alejandro Collante Miranda – los militares dejaron proseguir a los miembros de la comisión y regresaron al sitio de alojamiento en El Tarra.
Ascamcat y Humanidad Vigente manifestamos preocupación por estas acciones de sabotaje y registro emprendidas por miembros de la Fuerza Pública contra la jornada de denuncia organizada por la comunidad.
Igualmente, exigimos se garantice la seguridad de las personas que participaron en la comisión de verificación y de los campesinos y campesinas que han realizado denuncias sobre los abusos de la Brigada Móvil No. 23.
Finalmente, ponemos al corriente de lo sucedido a la Defensoría del Pueblo, y solicitamos a las autoridades de orden regional, nacional e internacional adelantar las investigaciones y el seguimiento pertinente a las acciones que los militares mencionados quienes han saboteado el normal desarrollo de la jornada de trabajo de la comisión y verificación y según denunció la misma comunidad hostiga y estigmatiza permanentemente a los campesinos y defensores de derechos humanos.