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Militares del Batallón Calibío juzgados por ejecución extrajudicial de campesino

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10 Diciembre, 2012
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Los militares pertenecen a la Unidad Contraguerrilla Aguerrido 3, del Batallón Calibío, de la Décimo Cuarta Brigada del Ejército con sede en Puerto Berrío en el Magdalena Medio.
La audiencia de juicio oral contra cinco militares del Batallón Calibío (Antioquia) se reanudará el 10, 11 y 12 de diciembre de 2012 a partir de las 8:30 a.m. En la sala del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Antioquia, en el edificio La Alpujarra en Medellín.

Los soldados Arley de Jesús Julio, Elver Luis Mendoza Ruíz, Luciano Rojas Jaramillo, Luis Antonio Luque y Eloy Fernando Ortíz, están siendo procesados por el delito de homicidio en persona protegida, por hechos ocurridos en julio de 2008, cuando el campesino Aicardo Antonio Ortíz asesinado en su propia casa y luego presentado por el Ejército como “baja en combate”.

Los militares que están siendo juzgados pertenecen a la Unidad Contraguerrilla Aguerrido 3, del Batallón Calibío, en la Décimo Cuarta Brigada del Ejército con sede en Puerto Berrío en el Magdalena Medio antioqueño.

Otros dos militares acusados por este grave crimen, entre ellos el oficial que estaba al mando de la tropa que participó en los hechos, el teniente Edgar Iván Flórez Maestre, y el soldado Castaño Bolaños se acogieron a sentencia anticipada, en virtud de preacuerdo celebrado con la Fiscalía General de la Nación, aceptando ser autores materiales del delito de homicidio en persona protegida y fraude procesal. Como forma de reparar a las víctimas, estos militares se comprometieron decir la verdad de lo sucedido y a pedir perdón. Sin embargo, hasta el momento, solamente el soldado Castaño Bolaños, ha ofrecido disculpas públicas y perdón a las víctimas, narrando como sucedieron los hechos.

Por este caso, existe otro proceso penal en contra del cabo Felipe Andrés Perdomo Polanía, quien fue vinculado como persona ausente. Este juicio se encuentra en trámite de apelación ante el Tribunal Superior de Medellín.

Los procesos adelantados contra los soldados y el adelantado contra el civil que participó como informante, han estado atravesados sistemáticamente por situaciones de intimidación, amenaza y sobornos.

En 2011 durante la audiencia oral contra los cinco soldados procesados, los testigos entre ellos el hijo de la víctima, el civil que fueron citados la diligencia, fueron intimidados por parte del teniente Flórez Maestre quien a pesar de tener medida de aseguramiento transitaba libremente por los pasillos y calabozos.

La fiscal ha sufrido señalamientos calumniosos y temerarios por parte del teniente Flórez Maestre quien a pesar de haber suscrito un preacuerdo y haberse comprometido con las víctimas a decir la verdad, se ha retractado de lo declarado y ha dicho, entre otras cosas, que él fue engañado por la fiscal y los investigadores del caso, quienes supuestamente le dieron 20.000 pesos para que declarara en contra de sus comandantes y compañeros. Sin embargo, el teniente Flórez, no ha probado, sus afirmaciones en contra de la fiscal del caso.

La fiscal y la abogada de las víctimas, a finales de 2011, sufrieron el hostigamiento de un hombre armado, cuando salían de la audiencia en el receso del almuerzo. El hombre con corte y porte militar, vestido de civil, las siguió hasta el restaurante, sentándose en una mesa contigua a ellas desde donde les exhibió el arma. Antes de este incidente, la abogada de las víctimas recibió extrañas e insistentes llamadas telefónicas las cuales una vez eran contestadas inmediatamente colgaban y mensajes de texto, que hacían alusión a su intimidad, situación que persistió por más de una semana.

Son varias las constancias que se han dejado en las audiencias por parte de los sujetos procesales, denunciado ante el juez de conocimiento amenazas contra la vida, golpizas a los testigos, intimidación y amenazas de muerte para que no declaren, así como ofrecimientos económicos para impedir que se sepa la verdad. Se han realizado registros fotográficos a los sujetos procesales por parte de personas que ingresan a la sala de audiencia, y al ser identificadas resultan ser miembros del Ejército vestidos de civil.

Pese a que el juez compulsó copias a la Fiscalía y a la Policía Nacional para que se investiguen las situaciones denunciadas de amenazas de muerte, de ofrecimientos económicos que podrían constituir una tentativa de fraude procesal, y otras irregularidades, no ha habido ningún resultado frente a éstas.

Burla a las medidas de aseguramiento

Cuando se impuso la medida de aseguramiento contra los cinco militares, éstos fueron trasladados al mismo Batallón al que pertenecían para la fecha de los hechos, es decir, al Batallón Calibío con sede en Puerto Berrio, como sitio de reclusión. Incluso asistieron a algunas audiencias portando el uniforme militar como si aún prestaran servicio activo.

Sus custodios que eran compañeros del batallón siempre fueron permisivos para que estos se movieran libremente en las afueras del complejo judicial y en los pasillos. Esta situación persistió hasta que fueron traslados a un centro de reclusión en el mes de agosto de 2011. Es de señalar, que el mismo Batallón Calibío mediante oficio No. 3540 de fecha 29 de junio de 2011, respondiendo una petición de la fiscalía hizo saber que la guarnición militar no poseía las condiciones básicas de seguridad para garantizar la permanencia de los internos que se encuentran, debido a la carencia de instalaciones físicas adecuadas ni personal idóneo para garantizar la permanencia y seguridad de los interno.

En el caso del teniente Flórez Maestre , quien se encuentra recluido en la guarnición militar de Tolemaida, por solicitud que él hizo en el marco de la aprobación del preacuerdo suscrito por la Fiscalía, en el que se comprometía a servir como testigo en el juicio y decir la verdad sobre el homicidio del señor Aicardo Antonio Ortiz, como forma de reparación de las víctimas, permanece en ese centro de reclusión a pesar de haber incumplido el preacuerdo.

Existe una orden del juez para que el batallón cumpla con las medidas que deben ser adoptadas para el traslado de una persona que se encuentra condenada, en razón que sus custodios le permiten pasear libremente por los pasillos, hablar e intimidar a los testigos y víctimas, sin ningún tipo de restricción ni medida de seguridad. Es de señalar, que el juez realizó una petición a la Procuraduría General de la Nación para que investigue la conducta de los custodios que realizan los traslados del Edgar Iván Flórez Maestre.

Tras el incumplió de los compromisos adquiridos en el preacuerdo, por parte del teniente Flórez Maestre quien a través del acuerdo consiguió que su reclusión fuera Tolemaida, la reducción de su condena, la fiscal del caso, solicitó el traslado de éste a un Establecimiento Penitenciario Ordinario, El INPEC emite resolución ordenando el traslado con fecha 13 de diciembre de 2011, el cual no se hace efectivo, ante la petición de las víctimas reiterando se de cumplimiento el traslado ordenado, aparece otra resolución del INPEC con fecha 23 de mayo de 2012 derogando la resolución de fecha 911969 del 13 de diciembre de 2012 y ordenando mantener a este militar dentro de la guarnición. A la fecha, el teniente sigue cumpliendo con su condena en el centro de reclusión militar de Tolemaida.

Falta de protección a las víctimas, testigos y sujetos procesales

Los familiares de la víctima han sido hostigados y amenazados, desde el inicio del proceso. Uno de sus hijos que antes había prestado servicio militar ha sufrido atentados contra su vida e integridad, lo cual ha sido denunciado ante el mismo juez de conocimiento, sin que hasta la fecha reciba protección por parte del Estado.

Aunque por la difícil y demostrada situación de riesgo, este hijo de la víctima recibió, posteriormente fue desvinculado porque él amplió su núcleo familiar y porque se consideró que al rendir declaratoria, ya no requería seguridad. Sin embargo, debido a los cambios de juez que se han presentado en este proceso, varias de las pruebas se han tenido que repetir.

A la fecha las víctimas no cuentan con ningún tipo de protección por parte del Estado pese a las recurrentes e insistentes solicitudes que se han elevado por la representante de las víctimas ante el juez, la fiscalía, la procuraduría, incluso por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

La Oficina de Protección de la Fiscalía no ha tenido en cuenta las solicitudes, que no solamente se han elevado en favor de las víctimas, sino que también se ha solicitado que se le brinde medidas de protección a la fiscal del caso que ha dirigido la investigación por estos hechos, y la cual ha sido señalada y calumniada tanto en las audiencias como en medios de comunicación.

Estas situaciones han sido denunciadas por el secretario General de la Naciones Unidas, en su reporte A/HRC/21/18.

Por todas estas situaciones, Humanidad Vigente convoca a los periodistas y corresponsales de Medellín a hacer seguimiento a este caso. Igualmente, a las organizaciones defensoras de derechos humanos de la región para que sirvan de veedoras en la búsqueda de justicia y verdad.

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