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Colombia no sabe cuántos niños y niñas soldados tiene

Escrito por  el 
10 mayo, 2010
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La participación de menores en las hostilidades del conflicto armado se profundiza por la ausencia de una base estadística que permita dar soluciones.

Las afectaciones del conflicto armado colombiano en los niños, niñas y adolescentes van desde el secuestro, pasando por la masacres hasta llegar a la violación del derecho al territorio y al reclutamiento forzado.

Los riesgos que corren los jóvenes al ser parte directa e indirecta del conflicto, son muchos. Empezando porque se les niegan derechos fundamentales como la educación y la salud; así mismo, como lo han venido denunciando organizaciones sociales como la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) y Humanidad Vigente: “la niñez en el marco del conflicto es víctima de violaciones sexuales, torturas, inducción a la drogadicción”.

La indebida e ilegal participación de menores de edad dentro de los grupos armados, pone en peligro sus vidas cuando no pueden desarrollar una orden porque por ser niños y niñas aún no cuentan con la suficiente fuerza para las tareas que trae el ejercicio de la guerra y, lo más relevante, el constante riesgo de morir o salir heridos de combate o al intentar escapar.

Este es un escenario tan real que ya tuvo el tiempo de transformarse; dejó de ser sólo un reclutamiento forzado para añadir una ‘utilización’. Beatriz Linares, conocida defensora de la niñez, en febrero de este año, en diálogo con Caracol Radio, dijo que “el fenómeno ha cambiado de concepto (…), hoy las modalidades son mucho más urbanas y ya no es tanto el reclutamiento sino utilización, en el día el niño es usado por el grupo armado para vender droga”.

Otro aspecto que evidencia que ésta no es una práctica que nació hace poco, son los diferentes nombres que han recibido las niñas y niños soldados; “las fuerzas militares los llaman ‘campanitas’ (…) a los adolescentes, el Ejército los llama ‘chicos de acero’, y a los niños y niñas ‘pollitos de acero’. A quienes en muchos casos uniforman para ejecutar acciones cívicas. La guerrilla los denomina ‘abejitas’, y los milicianos ‘carritos'”; según la Coalico.

Con este panorama, las estrategias para acabar el reclutamiento, los llamados de atención de organizaciones internacionales y nacionales y las cifras de jóvenes reclutados, son pan de cada día.

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 Voces contra el reclutamiento de jóvenes

Varias organizaciones y medios de comunicación han mencionado lugares en los que el reclutamiento es alarmante: Medellín, Apartadó, Caucasia, Ituango, Tarazá, Bello e Itagüí, reporta el periódico El colombiano; la Red Juvenil menciona al Urabá y el Catatumbo; San José del Guaviare, la zona del Pacífico y el Chocó: enumera Caracol Radio; el último informe trimestral de MAPP/OEA, registra al Cesar, Casanare, Villavicencio, La Dorada – Caldas, Barrancabermeja y Tumaco.

Por tal motivo, se hacen constantes campañas de prevención que demuestran que el reclutamiento de menores no cesa. En agosto de 2009, por ejemplo, “Nuestra niñez Tarea sin Fin” convocó a una gran maratón para sacar a todos los niños y niñas del conflicto; en esta iniciativa se realizaron recorridos por varias ciudades del país.

Unicef emprendió la campaña “La violencia no es un juego de niños y niñas” que busca contribuciones económicas para seguir con labores de construcción de entornos protectores a nivel familiar, escolar y comunitario. Igualmente, La Defensoría del Pueblo creó la “Campaña humanitaria no más niñez y adolescencia reclutada” que busca hacer escuchar una “voz de alerta”.

El Gobierno, por su parte, en el 2004 lanzó la “Campaña en contra del reclutamiento forzado de menores en el Guainía” que se desarrollaba en las escuelas, violando, así, el principio de distinción. A finales de abril de 2010 en la página web de la Alta Consejería para la Reintegración se publicó una noticia que se titula: “Gobierno prende motores para prevenir el reclutamiento de menores en Córdoba”, como si desde el 2004 no estuvieran intentando disminuir estos índices.

Es más, este 29 de abril la Presidencia afirmó por medio de su sitio web que “El Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración Frank Pearl, anunció que su oficina trabaja en la elaboración y aprobación de un Documento Conpes para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales”, indicando, que después de 8 años de gobierno no se han planteado acciones eficaces para aliviar este flagelo.

Jalón de orejas al Estado

Los llamados de atención empiezan con el Décimo Cuarto Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) que se publicó finalizando el mes de abril, que consideró que “la prevención del reclutamiento es uno de los retos más significativos para el Estado y requiere de una gran estrategia nacional de carácter integral” debido a que “afecta por sus connotaciones, no sólo a la seguridad ciudadana sino que daña el tejido social y compromete a las futuras generaciones del país”.

A estas conclusiones se suma el Fiscal Internacional del año 2008, Sergio Tapia, del Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza, que en entrevista con el diario El Espectador resaltó que “muchos menores de ellos se han enlistado por intimidación. Viendo que sus amigos disponían de dinero (…) de encontrar una ocupación alternativa a la desescolarización”.

Además que “está claro que hay razones económicas (pobreza), sociales (maltrato infantil, violación, imposibilidad de seguir sus estudios) y psicológicas (influencia de otros)”, concluye Sergio Tapia.

Concepto que fue apoyado por Human Rights Wath que advirtió que la decisión “voluntaria de unirse a las fuerzas irregulares es más una consecuencia de la terrible falta de oportunidades para los niños de los sectores más pobres de la sociedad rural”.

Por su parte, la Red Juvenil, cuyo lema es “para la guerra y la miseria miles de excusas, para la resistencia muchas razones” denunció que lo preocupante “es que no se escuchan explicaciones precisas, no se aclaran las cifras y buena parte de la verdad sigue oculta”.

Este argumento se completa al señalar que “hay quienes ya visualizan un escenario con presencia de la Corte Penal Internacional (CPI), dado el alto grado de impunidad que se observa hasta el momento”.

Finalmente, el texto de Red Juvenil “Reclutamiento forzado de menores por las AUC: ¿impunidad latente?” señala que la falta de verdad y justicia conlleva a que se den las condiciones para que la población siga siendo utilizada por los grupos armados ilegales.

Estadísticamente incorrecto

Como muchos de los componentes del conflicto colombiano, el reclutamiento de menores tampoco tiene un banco de datos que sea confiable y pueda contribuir al cumplimiento de la justicia. Ni siquiera el DANE, registra datos puntuales sobre este tema.

Dentro de un informe de investigación acerca de los trabajos infantiles, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) manifestó que “no hay indicadores que expongan la participación de niños, niñas y adolescentes en el conflicto” y añadió que la intervención del Estado en estos casos es casi inexistente.

Lo único que puede asegurar el DANE, es que el reclutamiento ha sido incluido dentro de las peores formas de trabajo infantil por las consecuencias física y morales que esto trae. Lo alentador es que este ente administrativo acepta el poco interés que el tema produce para las entidades gubernamentales ya que acepta que “es preciso concluir sobre la necesidad de obtener esta información”.

Para la muestra un botón: las cifras de los niños, niñas y jóvenes que están vinculados al conflicto, varían de manera vertiginosa. “Tarea sin fin” reportó en el 2009 más de 17 mil; en ese mismo año, la revista Cambio señalo que la cifra podría estar entre 14 mil y 17 mil, pero que tres años antes las autoridades hacían cuenta de 6 mil u 11 mil.

11 mil fue el número de menores reclutados que reportó Human Rights Watch en el 2003, pero advirtió que ese podría haber sido un cálculo conservador. Esta cifra de 11 mil la mantuvo en el 2008 el Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza. 

Red Juvenil atribuyó a las AUC 2 mil jóvenes en sus filas en el 2009, cifra que no esta tan lejos de 2.200 combatientes niños que señaló Human Rights Watch 6 años atrás.

La cantidad de jóvenes que han abandonado las agrupaciones entre 1999 y finales del 2009 fue de 4.552, según el periódico El colombiano. Y un boletín de la Comisión de Reparación y Reconciliación (CNRR) indicó que según cifras de la Fiscalía General de la Nación, 5980 diferentes casos están en proceso por reclutamiento de menores a mayo de 2010.

Estos son datos tan diferentes que evidencian que Colombia en realidad no sabe de qué manera afecta el conflicto a los menores, tampoco cuál es la manera más eficaz de evitar la vinculación de niños, niñas y jóvenes. Por esta razón, como dice el Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza, “si no podemos combatir los crímenes contra la humanidad, al menos denunciémoslos para que no se cometan en silencio”.

 

 

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