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CIDH culmina visita de trabajo a Colombia sobre la alarmante situación de asesinatos de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos

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17 enero, 2019

foto tomada de: http://fundar.org.mx

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a Colombia del 27 al 30 de noviembre de 2018, con el fin de verificar y observar en terreno la situación de personas defensoras de derechos humanos. La delegación estuvo liderada por el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, e integrada por el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, la Jefa del Despacho de la Secretaría Ejecutiva, Marisol Blanchard, y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva.

La Comisión agradece la invitación del Gobierno para realizar la visita de trabajo en seguimiento a un dialogo sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el país y al avance en la coordinación de actividades de cooperación técnica con el Estado. La delegación de la CIDH se reunió con altas autoridades del Estado, entre ellas la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia y del Derecho, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. La delegación también sostuvo reuniones con miembros de la Defensoría del Pueblo, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP-OEA, y autoridades nacionales y municipales de la Unidad Nacional de Protección. Asimismo, se reunió con el Gobernador de Chocó, funcionarios de la Procuraduría Regional del Chocó, y el Gobernador de Antioquia y su equipo, así como la Unidad de Protección de Antioquia.

En sus actividades en Bogotá, Quibdó (Chocó) y Medellín (Antioquia), la delegación de la CIDH se reunió con decenas de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, comunales, sindicales, políticas, indígenas, afrocolombianas, organizaciones de derechos humanos y autoridades eclesiásticas, que informaron sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en el país.

La CIDH agradece al Estado su colaboración en la organización de esta visita y la disponibilidad de las autoridades para entablar un diálogo constructivo sobre la situación de derechos humanos en el país, los desafíos y las posibilidades de colaboración con el Estado. La Comisión agradece a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas defensoras de derechos humanos por la valiosa información aportada, al tiempo que resalta la labor que desempeñan en el importante contexto de construcción de paz en Colombia. La CIDH agradece de manera especial a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH) por su apoyo para el desarrollo de la visita. en el marco de la colaboración entre ambas organizaciones.

Situación de violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos

La Comisión ha expresado reiteradamente su preocupación por la situación de violencia que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos y los líderes sociales en Colombia, en particular los serios desafíos para garantizar su protección, sus limitadas medidas de seguridad y la impunidad de los delitos que les afectan. En marzo de 2018, alertó en un comunicado de prensa que los asesinatos de personas defensoras y líderes sociales aumentaron sostenidamente en el marco de la implementación de los acuerdos de paz y advirtió que la mayoría de estos asesinatos se perpetran contra personas defensoras en situación de especial vulnerabilidad en zonas alejadas donde históricamente el conflicto armado fue más intenso.

Cabe recordar que en octubre de 2016, la CIDH saludó la firma del Acuerdo Final de Paz y destacó la importancia de su implementación, pues la construcción de la paz es indispensable para la garantía efectiva de los derechos humanos. El Acuerdo de Paz incorporó secciones sobre la prevención del riesgo y la protección de personas defensoras de derechos humanos y previó el fortalecimiento de los mecanismos de protección de la labor que desempeñan estas personas, en particular las que trabajan en contextos rurales, mediante la elaboración de manera concertada con las organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos de protocolos para su protección integral. Además, el Acuerdo dispuso la promoción de medidas integrales de seguridad y protección contra la estigmatización, mecanismos de difusión amplia, campañas de legitimación y reconocimiento de las personas defensoras, tanto en áreas rurales como urbanas, así como la creación y difusión de medios de comunicación comunitarios y de interés público para el impulso de los derechos humanos y la convivencia y que se esté avanzando en hacer efectivos estos compromisos.

Asimismo, la CIDH ha otorgado 10 medidas cautelares desde 2016 a la fecha para la protección de líderes sociales, comunidades y defensoras de derechos humanos. En el 2017 la Comisión publicó dos casos relacionados con esta materia, en los que recomendó, entre otros, fortalecer la capacidad institucional para combatir lo que identificó como patrón de impunidad frente a casos de amenazas y muertes de defensoras y defensores, mediante la elaboración de protocolos de investigación que teniendo en cuenta los riesgos inherentes a la labor de defensa de los derechos humanos, permitan un desarrollo exhaustivo de la investigación bajo esta hipótesis. Asimismo recomendó fortalecer los mecanismos para la protección de personas cuyas declaraciones tengan un impacto relevante en las investigaciones y que se encuentren en riesgo como resultado de su vinculación a la misma; así como desarrollar medidas adecuadas y expeditas de respuesta institucional que permitan proteger eficazmente a defensoras y defensores de derechos humanos en situaciones de riesgo.

Durante la visita de trabajo, las autoridades, organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil coincidieron en señalar que existe un grave problema de violencia contra las personas que defienden derechos humanos y aquellas con liderazgo social y comunal, que se ha incrementado a partir de la firma e implementación de los Acuerdos de Paz. Según la información recibida por la Comisión, dicha violencia se manifiesta en altos niveles de asesinatos, y también en graves amenazas, estigmatización y actos de criminalización. Asimismo, tanto el Estado y las organizaciones de la sociedad civil reconocieron que se requiere adoptar medidas integrales que garanticen la seguridad de esta personas, y prevenir los ataques, garantizar los derechos de las personas agredidas, así como el ejercicio de la defensa de derechos humanos y el liderazgo social y comunitario, e investigar las acciones en su contra. De acuerdo con la información recibida, la violencia tiene causales múltiples, entre ellas, el control del territorio, el aumento de cultivos ilícitos, la presencia de actores armados ilegales, muchos de ellos relacionados con el narcotráfico, todo lo cual expone a los líderes sociales a formas brutales de violencia por representar formas de resistencia y denuncia de la criminalidad.

La Comisión felicita el compromiso del Gobierno de Colombia de mantener el diálogo con los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, así como la expresión de compromiso con la labor de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos. Durante diversas reuniones sostenidas durante la visita, las autoridades informaron a la Comisión sobre acciones de coordinación interna para lograr estructurar una política pública de protección integral a personas defensoras y líderes sociales a través del Plan de Acción Oportuna para la Prevención y Protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (PAO). Este contiene tres ejes de acción: articulación institucional, a través del cual dará respuesta a múltiples espacios y normas ya existentes; actuación estratégica en el territorio, para focalizar la problemática en ciertos municipios del país con entornos criminales particulares y afectados por la ausencia de respuesta institucional; y una estrategia de comunicaciones y capacitación, para contrarrestar la estigmatización de las personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, el Estado informó que en Apartadó se firmó el Pacto por la Vida que contiene acciones oportunas para la protección de líderes sociales y que será socializada con las comunidades. El Estado también informó sobre medidas adoptadas en materia de investigación para abordar esta situación.

Al terminar la visita, la Comisión reafirma su preocupación por la grave situación de violencia contra las defensoras y los defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país. La CIDH toma nota de las acciones del Estado colombiano y saluda que se tomen medidas para hacer frente a esta situación. Asimismo, y reafirmando la importancia de la labor de las personas defensoras en la consolidación del Estado de Derecho y la transición hacia la paz en Colombia, la Comisión ofrece al Estado colombiano su acompañamiento en estas iniciativas para abordar esta problemática.

Asesinatos y amenazas

La Comisión ha alertado en los últimos años sobre el incremento de los ataques y los asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia. El 2 de noviembre de 2016 la Comisión advirtió sobre este aumento de la violencia, destacando el considerable aumento de asesinatos respecto del año anterior. La CIDH lamenta que desde entonces esta situación se haya agravado y que siga en aumento sostenido desde la implementación del acuerdo de paz. De acuerdo con la información recibida, el número de asesinatos y agresiones se concentran en determinados municipios y zonas del país, identificadas con factores de riesgo como la competencia por el dominio y control de actividades criminales, tales como la minería ilegal y el narcotráfico; las disputas por la ocupación y propiedad de la tierra, la ausencia de autoridad en algunas zonas, y la implementación deficiente del acuerdo de paz.

Al respecto, la Comisión observa que de acuerdo con el PAO, recientemente lanzado por el Gobierno de la República, no existe un sistema de base de datos unificado que dé cuenta de cifras consolidadas respecto al número de defensores y defensoras de derechos humanos asesinados. En este sentido, el PAO señala que según las estimaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre enero de 2016 y octubre de 2018, fueron reportados 213 casos de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Dicho Plan señala que la Defensoría del Pueblo entre el 1 de enero de 2016 y el 22 de agosto de 2018, ha registrado esta 343 homicidios de líderes sociales y defensores, siendo los departamentos con mayor afectación Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil manifestaron que han registrado al menos 360 homicidios en el mismo periodo que señala el Estado. Como señaló la CIDH en la audiencia sobre Denuncias de impunidad a los asesinatos y ataques a personas defensoras de derechos humanos en Colombia realizada durante su 170 Periodo de Sesiones, sin perjuicio de cuál sea la cifra exacta, los asesinatos son demasiados y preocupa particularmente el recrudecimiento no sólo de estos hechos, sino también de las amenazas, los hostigamientos y los atentados.

En efecto, durante la visita la delegación recibió información preocupante sobre numerosas amenazas proferidas en contra de las personas defensoras y líderes sociales. A manera de ejemplo, la CIDH fue informada sobre preocupantes amenazas realizadas presuntamente por un grupo autodenominado “Aguilas Negras”. Entre otras, la CIDH recibió copia de la amenaza escrita de 17 de septiembre de 2018 en la que el comando central del denominado grupo ilegal advirtió a varios defensores de derechos humanos que “[s]i no quieren ir a visitar a los otros líderes sociales que ya fueron dados de baja, es mejor que se queden callados” y que tenían 48 horas hacerlo o de lo contrario serían declarados objetivo militar. En amenaza similar, el denominado grupo armado ilegal señaló como objetivo militar a diversas organizaciones de la sociedad civil y defensoras y defensores de derechos humanos, advirtiendo que “no existe ningún esquema de protección que nos impida proceder y acabar con cada uno de estos guerrilleros”. Según la información recibida, de mayo a octubre de 2018 se habrían recibido periódicamente, alrededor de 9 panfletos amenazantes en contra de 39 organizaciones y 146 de sus miembros.

La Comisión recibió asimismo diversa información sobre nuevas dinámicas de violencia especialmente en las regiones más apartadas de centros urbanos. Tanto en Quibdó como en Medellín, la Comisión observó que existe miedo por las amenazas de particulares, por las dinámicas relacionadas con la erradicación de cultivos de coca y minería ilegal, así como por las acciones de grupos armados disidentes de las FARC-EP y otras guerrillas. Al respecto, preocupa especialmente a la CIDH que según las organizaciones, muchos de los líderes amenazados han optado por abstenerse de continuar con sus labores sociales por temer por sus vidas, además, por el alto índice de impunidad en las investigaciones iniciadas al respecto.

Los actos de violencia y otros ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan estos actores en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad y sumiéndolos en una situación de indefensión. La labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática y la consolidación del Estado de Derecho.

La Comisión advierte como uno de los temas principales para abordar la situación de violencia que enfrentan las personas defensoras, que el Estado registre los diferentes tipos de agresiones que se cometen en contra de personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales y comunales. La Comisión destaca que el Estado colombiano señaló estar trabajando en una plataforma informática para unificar las cifras. La CIDH reitera la importancia de que la construcción de esta herramienta cuente con la participación de la sociedad civil y que se pueda cruzar e incluir en sus registros nacionales las diferentes formas de agresión, pues ello podría ser útil para la identificación de la magnitud de la violencia y la formulación de planes de prevención y protección adecuados. La Comisión destaca la importancia de hacer un registro completo y detallado de las agresiones con el fin de determinar los móviles, posibles patrones comunes y la magnitud de la violencia que sirvan de base para adoptar medidas de prevención, investigación y protección para las personas defensoras y lideresas.

Estigmatización

En las reuniones sostenidas con organizaciones de la sociedad civil, la Comisión recibió información diversa sobre la estigmatización de la labor de defensa de derechos humanos realizada por parte de altos funcionarios del Estado.

La Comisión asimismo recibió información sobre declaraciones que relacionan a las defensoras y defensores de derechos humanos con actividades criminales. Al respecto, nota las declaraciones hechas recientemente por autoridades estatales departamentales o locales en las que señalan a varios medios de comunicación que detrás de las actividades de activistas y personas defensoras estarían unas bandas criminales “que son cercanas o asociadas al Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia)” y “que han tenido nexos con el ELN y asociadas al ELN”. Asimismo, las organizaciones acusaron la reciente estigmatización en medios de prensa de las protestas estudiantiles, en las que se señala a los estudiantes como “vándalos”, “guerrilleros” o “terroristas”.

En las reuniones sostenidas en Bogotá y Medellín, las organizaciones de la sociedad civil manifestaron a la Comisión que declaraciones como estas, deslegitiman el trabajo que promueven los defensores y defensoras de derechos humanos y cuestionaron que por parte del Gobierno se anuncien campañas en contra de la estigmatización al tiempo que altas autoridades continúan haciendo afirmaciones estigmatizantes en su contra.

La Comisión señala que las autoridades estatales deben abstenerse de realizar declaraciones estigmatizantes, y diseminación de representaciones negativas de su labor. Al respecto, la Comisión advierte que en países en que existen niveles altos de conflicto social, se suelen verter discursos que presentan a las personas defensoras de derechos humanos como “enemigos de la paz”, “enemigos del Estado” o “enemigos internos”. Esta situación fue denunciada continuamente a la delegación durante la visita al país. Las actividades de protesta pacífica y de denuncia son legítimas y deben ser protegidas en el marco del derecho a la libertad de expresión y derecho de asociación y las personas defensoras de derechos humanos constituyen pilares esenciales para el fortalecimiento y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, porque el fin que motiva la labor que desempeñan es la plena vigencia de los derechos fundamentales de las personas y tiene repercusiones en la sociedad en general, al buscar el beneficio de la misma.

Por otra parte, la Comisión ha indicado que la repetición de declaraciones estigmatizantes puede contribuir a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo que pudiera acarrear una afectación a la vida e integridad personal del defensor o defensora, aumentando su vulnerabilidad, ya que funcionarios públicos o sectores de la sociedad podrían interpretarlas como instrucciones, instigaciones, autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos contra su vida, seguridad personal, u otros derechos. En este sentido, el Estado debe combatir en su integralidad la diseminación de discursos de odio, o cualquier expresión que incite a la discriminación, hostilidad o violencia contra quienes defienden los derechos humanos, de acuerdo a los estándares interamericanos y universales.

Finalmente, la CIDH considera que el Estado debe proveer a las defensoras y defensores un recurso adecuado cuando son objeto de declaraciones estigmatizantes que pueden afectar su reputación, comprometer su integridad personal, o dar pie a o facilitar su criminalización. La Comisión hará seguimiento a las medidas que se adopten en contra de la estigmatización de las personas defensoras y de los líderes sociales.

Defensoras y defensores de derechos humanos en especial riesgo

El 27 de marzo de 2018 la Comisión advirtió que muchas de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas desempeñaban acciones relacionadas con la implementación de los acuerdos de paz relativos a la tierra. Durante su visita al país, la CIDH recibió información consistente en este sentido y que apunta a un patrón de violencia contra líderes y lideresas sociales y comunitarios, miembros o presidentes de las Juntas de Acción Comunales, y los líderes y lideresas étnicos en zonas con presencia de grupos armados ilegales que apoyan las políticas derivadas del Acuerdo, como el Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y que reclaman la restitución de tierras. En Antioquia, por ejemplo, la CIDH recibió documentación sobre un alto número de agresiones contra personas defensoras en el departamento, que se concentran especialmente sobre líderes de paz, sustitución de cultivos, ambientalistas y reclamantes de tierras.

Asimismo, la Comisión fue informada sobre la situación de agresiones contra firmantes del Acuerdo de Paz, quienes afirmaron que varios ex guerrilleros y familiares en proceso de reincorporación han sido asesinados y agredidos. Sobre este asunto, la Comisión recuerda sus recomendaciones para implementar mecanismos de no repetición y disponer mecanismos para asegurar la protección de su vida e integridad que han firmado acuerdos de paz y su reincorporación a la vida política.

Por otra parte, la CIDH ha manifestado anteriormente su preocupación sobre la situación de vulnerabilidad a la violencia que enfrenta la población afrocolombiana. En su visita a Quibdó, la delegación de la CIDH fue informada sobre la persistencia de la minería ilegal y de cultivos ilícitos, megaproyectos así como de diferentes actores armados en sus territorios. Los índices elevados de pobreza en uno de los departamentos más multiétnicos como El Chocó, requiere la adopción de medidas urgentes. Las organizaciones refirieron a la existencia de una grave situación humanitaria en el departamento y a la falta de programas sociales en materia de los derechos, económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). En particular describieron los altos índices de homicidios de algunos centros urbanos del departamento que superarían el promedio nacional, así como las restricciones a la movilidad por parte de actores armados ilegales que han llegado al territorio después de las FARC y que han afectado procesos colectivos étnicos. Igualmente, informaron sobre amenazas recibidas en contra de líderes y lideresas así como la grave situación de mujeres afrocolombianas para quienes “seguía la guerra” por la persistencia de violencia en su contra, el reclutamiento de niñas y niños y el desplazamiento forzado.

La información recibida por las autoridades indígenas con las que la Comisión se reunió en Quibdó apunta a la persistencia de amenazas en su contra y a la imposición de reglas en sus territorios por parte de actores armados. Asimismo señalaron que debido a esta situación el 95% de las comunidades indígenas en el Chocó se encuentra confinada en sus comunidades, y que hay un incremento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. También refirieron a la falta de programas sociales para los pueblos indígenas así como para el disfrute de los DESCA, enfatizando preocupación por los altos niveles de desnutrición. La Comisión conoció de la creación de una Comisión Intersectorial para el Departamento del Chocó que tiene como objetivo su fortalecimiento institucional, y escuchó a las organizaciones sobre la necesidad de implementar dicha Comisión Intersectorial para avanzar en medidas estructurales para el departamento, que a su vez sirvan para permitir la labor de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas indígenas y afrocolombianas. La CIDH insta al Gobierno a tomar medidas para materializar la paz en este territorio desde un enfoque de derechos humanos y étnico así como para adoptar políticas sociales que aborden las necesidades particulares en materia de DESCA en este departamento.

Las mujeres defensoras de derechos humanos y lideresas enfrentan riesgos diferenciados y efectos desproporcionados por motivos de género relacionados a su condición de mujer que a su vez se exacerban de acuerdo con los derechos que defienden, su orientación sexual e identidad de género, su origen étnico, su ubicación territorial. En el caso particular de Colombia, en reiteradas ocasiones la CIDH ha manifestado además la afectación particular del conflicto sobre las mujeres. Durante su visita, la CIDH fue informada que cada vez se constata más y mayores signos de violencia contra las mujeres defensoras como un factor de desprecio hacia la defensora por ser mujer, tales como la violencia contra los cuerpos de las mujeres cuando la violación y abuso sexual preceden los asesinatos y las agresiones. Asimismo recibió varias denuncias sobre agresiones específicas a mujeres defensoras de derechos humanos pertenecientes a grupos étnicos. Respecto a las investigaciones sobre estos casos, indicaron la falta de profundización de la investigación por razones de género. Las organizaciones de mujeres señalaron algunos avances normativos que contemplan el impacto desproporcionado que enfrentan y que incluyen medidas diferenciadas para su protección que de ser implementados garantizarían el ejercicio libre y seguro de sus liderazgos, de manera particular, la creación de la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (Decreto 1314 del 10 de agosto del 2016) y la adopción del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras junto con su plan de acción 2018 y la aprobación de la construcción participativa del plan de Acción cuatrienal 2019-2022 del mencionado Programa (Resolución 0845 del 14 de junio de 2018). En particular enfatizaron la importancia de que las iniciativas estatales para establecer estrategias de coordinación y articulación recojan el enfoque ya establecido en estos programas en materia de garantías para mujeres.

Asimismo, en reuniones con sociedad civil la Comisión fue informada sobre el riesgo agravado que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos LGBTI, habiéndose registrado un aumento significativo de los asesinatos y amenazas. Las organizaciones señalaron que esto se debe al doble riesgo que enfrentan, tanto por su trabajo como defensores de una población históricamente discriminada como por los prejuicios hacia su orientación sexual o identidad de género y la ausencia de medidas diferenciales de prevención, protección y garantías para la defensa de los derechos de esta población. La delegación de la CIDH también fue informada sobre el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que tiene dentro de sus funciones identificar escenarios de riesgo de violaciones de derechos humanos, monitorear tales situaciones y reportarlas a las autoridades, con el propósito de que se tomen medidas de prevención eficaces. Al respecto, la Comisión destaca la labor de este mecanismo para la detección de amenazas de agresiones contra personas defensoras y lideresas sociales, resalta su labor en los lugares rurales e insta al Estado a fortalecer el mecanismo como medida de prevención de violencia contra esta población.

Las políticas públicas sobre defensores y los espacios de diálogo

La Comisión toma nota de la apertura del Gobierno de Colombia al escrutinio internacional, así como la expresión de su compromiso con la labor de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos. Las autoridades hicieron referencia a una coordinación de la política pública y la adopción de nuevos planes de prevención y protección como el PAO mencionado anteriormente. La CIDH toma nota de estas acciones y saluda que se tomen medidas para hacer frente a los graves fenómenos de violencia contra esta población. Asimismo, llama al Estado a convocar a las organizaciones de la sociedad civil para que participen de estas iniciativas en todo el proceso, desde su construcción, implementación y evaluación.

En las diversas reuniones, las organizaciones de la sociedad civil informaron a la Comisión sobre la existencia de espacios de diálogo creados anteriormente con el Estado en los que se han realizado acuerdos previos, como la Mesa Nacional de Garantías, así como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad,.. La CIDH llama al Estado de Colombia a convocar a estos dos espacios de diálogo y a la construcción conjunta con la sociedad civil de acuerdos que garanticen una implementación de políticas integrales de prevención y protección de defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Además, celebra que en la audiencia pública en el 170 período de sesiones de la CIDH realizada el 6 de diciembre de 2018 en Washington D.C., las autoridades del Estado hayan aceptado la petición de la sociedad civil para participar de los planes de prevención y promoción a personas defensoras. La Comisión dará seguimiento junto al Estado sobre dichas medidas.

La Unidad Nacional de Protección y la importancia de articulación con otras entidades

La Comisión sostuvo reuniones con autoridades de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes explicaron las actuaciones y procedimiento de evaluación del riesgo. Indicaron que actualmente tienen medidas de protección para 6.200 personas, de las cuales 4.367 son defensoras de derechos humanos.

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la eficacia de las medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección, en particular en lo que respecta a los análisis de riesgo, los retrasos y la implementación de las medidas de protección, así como de los procedimientos de levantamiento de las medidas. En relación con los análisis de riesgo, las organizaciones plantearon la importancia de asegurar que los estudios preliminares de riesgo se realicen a profundidad, y con base en un análisis de contexto. Asimismo, las organizaciones advirtieron a la Comisión, por ejemplo, sobre deficiencias en la implementación las medidas de protección que dificultan e incluso imposibilitan la prestación de una protección adecuada a las y los líderes y defensores de derechos humanos en el país. También señalaron que a la fecha la UNP no ha ajustado el procedimiento y los indicadores para la evaluación periódica del nivel de riesgo, lo que implica que personas en situaciones de riesgo sigan siendo evaluadas con nivel de riesgo “ordinario”. Preocupa especialmente a la Comisión que de acuerdo con lo expresado por la sociedad civil, algunos esquemas de protección respecto de personas beneficiaria de medidas cautelares otorgadas de la CIDH habrían sido retirados unilateralmente.

Un tema recurrente en las reuniones con la sociedad civil fue la falta de un enfoque diferenciado, preventivo y colectivo adaptado a la realidad étnica del territorio y a sus formas tradicionales de autogobierno. La Comisión toma nota, por ejemplo, de las peticiones de la comunidad de Paz de San José de Apartadó, protegida por medidas provisionales de la Corte Interamericana, sobre la lógica de la comunidad y su controversia con las armas que portan los funcionarios de la UNP asignados su protección. En este sentido, la Comisión advierte que las dinámicas de los territorios pueden ser particulares y las necesidades de los líderes y lideresas diferentes, y por ello, el Estado debe tener en cuenta tales especificidades para que las medidas que adopte sean adecuadas y cumplan sus objetivos. La sociedad civil también expresó a la CIDH que los planes de protección deben involucrar a varias entidades del Estado además de la UNP para hacer efectiva la protección a los y las líderes. La Comisión destaca la importancia de la articulación entre las distintas entidades del Estado responsables para lograr la implementación de medidas que efectivamente prevengan y protejan a los defensores y las defensoras de derechos humanos y destaca el rol que el PAO y los demás espacios de diálogo pueden tener en alcanzar este fin de articulación.

La Comisión llama asimismo al Estado a profundizar el análisis de contexto de las personas defensoras de derechos humanos y a fortalecer la coordinación entre las autoridades a nivel central y local para que estas últimas aporten información valiosa, en conjunto con las personas defensoras, que sea útil para reducir su riesgo cuando se adoptan las medidas de prevención y protección. Para este fin, la Comisión llama a establecer diálogos con las comunidades y concertar los diferentes mecanismos de promoción y protección. La CIDH destaca la importancia de adoptar medidas diferenciadas que tengan en cuenta la particularidad de las amenazas contra mujeres, población LGBTI, étnica, indígena, y personas que trabajan en el ámbito de restitución de tierras, entre otros.

En este sentido, la Comisión fue informada sobre iniciativas de auto protección colectivas por parte de comunidades indígenas y afrocolombianas a través de las guardias indígenas y cimarronas, entre otras iniciativas. La CIDH ha monitoreado de cerca la situación particular de líderes, lideresas y personas defensoras de comunidades indígenas y afrocolombianas. La Comisión advierte que la violencia contra tales defensores y defensoras tiene no solo impactos individuales sino también colectivos en comunidades indígenas y afrodescendientes. En consecuencia, las medidas de protección no pueden ser concebidas únicamente con un enfoque individual. En este sentido, la Comisión recomienda al Estado colombiano a avanzar y profundizar en la implementación de un enfoque diferenciado para medidas colectivas, que incluya una perspectiva étnica y racial y que tome en cuenta, inter alia, las condiciones de las personas a ser protegidas y la necesidad de medidas de protección culturalmente adecuadas.

Investigaciones

En relación con el estado de las investigaciones de agresiones contra personas lideresas y defensoras de derechos humanos, la Comisión observa que existe una discrepancia sobre las cifras entregadas por la Fiscalía General de la Nación en relación con el porcentaje de esclarecimiento de los homicidios y que las organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las investigaciones no se hayan extendido con profundidad a otros hechos de violencia.

La Comisión toma nota de que, según lo señalado en el recientemente lanzado Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, el Gobierno Nacional tiene conocimiento de 213 casos de homicidios a líderes y defensores de derechos humanos en el período de enero de 2016 a octubre de 2018 y la Fiscalía General de la Nación ha avanzado en el esclarecimiento de 113 casos que equivalen al 53.05% de los casos reportados. Dicho plan señala asimismo que respecto de la cifra de homicidios reportados por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación ha avanzado en el esclarecimiento del 34%, de los casos. Algunos de estos casos reportados coinciden con los casos registrados por la OACNUDH.

En la audiencia pública sobre Denuncias de impunidad a los asesinatos y ataques a personas defensoras de derechos humanos en Colombia, realizada en el marco del 170 Periodo de Sesiones, las organizaciones señalaron que en ese período han registrado, por lo menos, 360 homicidios. Por lo tanto, consideran que el registro de la Fiscalía es incompleto y el esclarecimiento de casos no se aproximaría al 50%. Las organizaciones señalaron que según sus análisis, sólo un 8.5% de los casos que las organizaciones tienen registrados tendrían condenas por homicidios, sin que en este grupo se haya esclarecido totalmente la razón de la privación de la vida a las personas defensoras.

La Comisión recuerda que el Estado debe investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Esto debe incluir el desarrollo de líneas de investigación bajo la hipótesis de que estos asesinatos pudieran haber sido cometidos en conexión con la labor de defensa de los derechos humanos. Además, se deben investigar todas las agresiones que sufren las personas defensoras, no solo sus homicidios. Dicha investigación además debe ser emprendida con debida diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial. La Comisión llama al Estado a redoblar sus esfuerzos para hacer frente a la situación de impunidad respectos de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en el país. Asimismo, recuerda al Estado que debe tomar en consideración en sus investigaciones el enfoque diferencial de género.

Recomendaciones

La CIDH reitera el rol esencial que defensores y defensoras de derechos humanos tienen en la consolidación del Estado de Derecho y la transición hacia la paz en Colombia. Es prioritario que el Estado colombiano adopte medidas urgentes para reforzar los sistemas dirigidos a la prevención de la violencia y protección de este colectivo, así como avanzar con la debida diligencia las investigaciones de delitos cometidos en su contra.

A la luz de las anteriores observaciones, la CIDH realiza las siguientes recomendaciones al Estado de Colombia:

1. Redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos y de las comunidades;

2. Convocar a las organizaciones sociales para la construcción de una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, retomando las mesas de diálogo como la Mesa Nacional de Garantías y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la que existían acuerdos pactados previamente;

3. Crear un registro completo de todas las agresiones -en sus diferentes modalidades- en contra de quienes defienden derechos humanos o tienen liderazgo social y/o comunal, en el que participen las organizaciones de la sociedad civil. Para ello se debe tener en cuenta los registros previamente construidos;

4. Profundizar el análisis de contexto para la evaluación del riesgo y para la adopción de las medidas de protección, bajo un enfoque diferenciado que tenga en cuenta las situaciones particulares de la población que requiere protección y el lugar en el que ejercen su labor. En especial, incluir el enfoque étnico, colectivo y de género en las medidas de prevención y protección;

5. Implementar debidamente las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana y mantener los esquemas de protección respecto de las personas beneficiarias mientras estén vigentes;

6. Implementar las recomendaciones y decisiones del Sistema Interamericano y Universal;

7. Aumentar el nivel de coordinación entre las autoridades a nivel nacional y local para que las medidas de protección sean adecuadas para resguardar los derechos de las personas defensoras y líderes y asegurando su efectividad en zonas rurales alejadas;

8. Adoptar planes para prevenir y combatir la estigmatización contra las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos o liderazgo social y/o comunal, dentro de las entidades del Estado y en la sociedad;

9. Adoptar medidas para investigar con debida diligencia y hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el país, determinando autores materiales e intelectuales;

10. Adoptar enfoques diferenciales de género, étnico y para población LGBTI, tanto en la construcción de programas de garantías, como en la investigación de posibles delitos contra personas defensoras de derechos humanos;

11. Fortalecer la coordinación con organismos internacionales de derechos humanos.

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