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Asesinado minero afiliado a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC

Escrito por  el 
11 abril, 2013

El hecho ocurrió el pasado viernes 7 de diciembre a las 7:30 a.m. en el trayecto que va de su casa en la vereda El Cármen a la mina de Rancho Quemao, en jurisdicción del Municipio de Remedios. Carlos Arturo Alcaraz Holguín, un hombre que no tenía más de 45 años, campesino-minero, quien vivía familia y tenía hijos de 12 y 9 años de edad, del que las comunidades campesinas resaltan su honestidad, honradez y arraigo a la tierra, valores que se le reconocieron para que fuese designado como el administrador del Comité Minero de Mina San Pacho, una de las minas que están afiliadas a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra.

 

Para algunos el asesinato ruin de Carlos Arturo obedece a acciones propias de atracadores que ubican los lugares en los que la riqueza natural bendice a las comunidades que en ellos habita pero, que la ambición convierte en una maldición.

Sin embargo, para la organización campesina esto no puede ser tomado como parte de la dinámica propia de riquezas y ladrones. La zona rural de los municipios de Remedios y Segovia ha sido históricamente rica en recursos, no sólo auríferos, sino madereros y acuíferos, además de su biodiversidad, que hoy debería tener más valor para el gobierno nacional por su capacidad de sostener la vida misma. Esta región ha sido habitada y protegida durante décadas por los campesinos y, gracias a la voluntad de permanecer organizados como forma de defensa del territorio y sus recursos, acciones como la que provocó la muerte de uno de los nuestros no puede ser interpretada como un hecho que es propio de zonas en donde hay explotación de recursos naturales.

Los derechos humanos y la defensa del territorio para garantizar la permanencia del campesinado se están violando con el asesinato de un miembro de nuestras comunidades que desde hace ya varios años y como herramienta de protección al desarrollo campesino por medio de la minería artesanal decidimos conformar los comités mineros.

Vemos hoy que un hecho tan grave como este ocurre precisamente cuando se encuentra actuante en la región un fuerte operativo armado denominado “Plan Troya Nordeste” cuyo aporte a la garantía de derechos de los ciudadanos para alcanzar la paz real en esta golpeada región ha sido nulo.

Por ello nos reafirmamos en nuestro rechazo a la posición gubernamental de que la crisis humanitaria que estamos viviendo en estos municipios se resuelve con su militarización y exigimos a las autoridades civiles tales como las alcaldías y Gobernación a los entes de control como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo abrir y fortalecer espacios de participación a la población civil organizada, quienes somos los que estamos viviendo los efectos de la represión armada, económica, social y sicológica en Remedios y Segovia, con el fin de aportar en propuestas para tratar este conflicto.

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