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Arauca: violación, asesinatos y fosa común

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14 Diciembre, 2010
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Tres menores de edad (hermanos), desaparecidos, torturados y asesinados a sangre fría en Tame (Arauca), entre ellos una niña que antes de ser ultimada también fue violada, dispararon las alarmas sobre la degradación de la guerra en Colombia. La confusión entre combatientes y población civil –entre ellos los menores de edad–, alertada por Naciones Unidas, es constante en nuestro país. El suceso y su contexto.

Una violación. Tres asesinatos. Fosa común. Todo culpa –según las investigaciones adelantadas– del subteniente Raúl Muñoz, comandante de la Patrulla Buitres de la Brigada Móvil Nº5 del Ejército. Éste dice “haber tenido relaciones sexuales consentidas con la niña” pero niega haberla asesinado (nota). La Fiscalía General de la Nación vincula preliminarmente a 60 militares más de la Brigada(1), pero hasta el 15 de noviembre sólo se conocía la formulación de cargos por homicidio agravado y abuso sexual contra Muñoz, pendiente aún lo de desaparición forzada y tortura para él y posibles cómplices.

Los hechos sucedieron el 14 de octubre, cuando Yenny fue violada en la vereda Caño Temblador para ser luego desaparecida, torturada y asesinada a machete con sus hermanos Jimmy y Jeferson, de 9 y 6 años. Luego, fueron enterrados en una fosa cerca a su casa(2).

“Respecto al perdón, quiero manifestar en nombre de mi familia y en el mío propio, que hasta que se sepa toda la verdad y se haga real y efectiva justicia, se esclarezcan bien los hechos de lo sucedido, quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del horrendo crimen que me arrebató a mis tres hijitos, no perdonaremos”.

A las fuerzas militares les digo que no habrá perdón ni olvido, que lo que exigimos es justicia” (Ver “Que se sepa toda la verdad…)

Así le salió al paso a las presiones que recibe para que “perdone” José Álvaro Torres, padre de los tres menores de edad asesinados a sangre fría en Tame, entre ellos la niña Jenny, de 14 años de edad, que antes de ser ultimada también fue violada.

No era el primer acto de violación del subteniente Raúl Muñoz, quien reconoció que días atrás había tenido relaciones con otra niña, según él consentidas, en la vereda Caño Camame, muy cerca a Caño Temblador. El caso fue denunciado de inmediato por su madre ante la Fiscalía correspondiente, ya que se trataba de una menor de 13 años quién llorando le dijo a su mamá que había sido violada por hombres con traje militar. El suboficial llegó hace poco con traslado de Caquetá, lo cual mueve a investigar si en las zonas donde estuvo hay denuncias similares.

La defensa del subteniente se basa en un “consentimiento sexual” de la niña y refleja dos hechos alarmantes: desconocimiento básico de algunos miembros de la fuerza pública de quién es o debiera ser el adulto aquí, en términos éticos y legales, e inconsciencia de su rol como “agente del Estado” ante la sociedad civil que debe proteger y garantizar derechos por un mandato constitucional, en vez de sumar formas de violencia a las ya existentes.

El 8 de junio de 2006, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en sus Observaciones ante el Examen del Informe presentado por el Estado colombiano, con arreglo al artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, expuso: “El Comité expresa su preocupación ante las considerables campañas cívico militares que las fuerzas armadas siguen realizando dentro de las escuelas y en las comunidades, así como ante el hecho de que se invite a niños a visitar instalaciones militares y se los aliente a vestirse con uniformes militares y de policía”. En la observación Nº 41, el Comité tomó nota de la declaración de “la delegación del Estado parte durante el diálogo respecto de la necesidad de revisar las actividades que las fuerzas armadas realizan con los niños, a fin de realzar el papel del estamento militar”. Asimismo, por la participación de niñas y niños “en actividades de capacitación militar y las visitas escolares de estudio a bases militares en el contexto del actual conflicto armado interno”.

Alejar a los militares de la población civil hubiera podido evitar la violación, la desaparición, la tortura y la muerte de los hijos de José Álvaro Torres.

Luto y depravación

El terrible suceso pone de presente la realidad de cada día para los habitantes del campo colombiano, en particular aquellos donde hay guerra: están sometidos al poder del fusil. ¿Cómo entender que un militar se acerque a una vivienda familiar, ingrese a ella y haga cuanto le plazca? Esto, en el caso de una familia. Pero también en la escuela. Según denuncias de organizaciones de derechos humanos y la propia ONU, en Arauca y otros departamentos de Colombia se realizan actividades de guerra psicológica que involucran menores de edad, poniéndolos en el centro de la guerra. (Recuadro Ejército Nacional y programas escolares)

Sin embargo, sin adentrarse en los trasfondos que expliquen algo de lo ocurrido, para evitar que vuelvan a suceder, las lavadas de mano se hacen explícitas de inmediato. El inspector del Ejército, general William Fernando Pérez, especuló ante los medios de comunicación con posibles nuevas “hipótesis sobre la participación de otras personas de la zona, incluso integrantes de grupos criminales”(3). Por su parte, el general Manuel José Bonnet, comandante en retiro, se refirió al caso como “atípico y muy raro dentro del Ejército”5, contrario, según él, con la pederastia, que involucra a docentes y miembros de la iglesia católica del país.

Poder armado y violencia sexual

No es sólo este militar. El Departamento de Medicina Legal reveló que durante 2010 se presentaron 18 casos más de violencia sexual contra niñas en el país, cuya investigación recae en 13 casos en miembros de la Policía y cinco en miembros del Ejército, hechos sucedidos en Córdoba, Cundinamarca y Bogotá, con alto número de denuncias por este tipo de hechos(4).

En su informe, la entidad relató casos tan atroces como la violación de una menor de cuatro años, por cuya autoría está investigado un miembro de la Policía en Norte de Santander; pero también relató el de una niña de 9, abusada en Bogotá, por el cual se sindica a otro miembro de la institución. Por desgracia hay más. El Informe Forensis 2009 de esa entidad relacionó otros 63 hechos violentos contra menores de edad, por cuyos hechos se sindica a miembros de la fuerza pública: 40 de responsabilidad de la Policía y 23 del Ejército(5).

Los informes e investigaciones en curso desvirtúan la interpretación de la cúpula militar: no son manifestación de una perversión individual sino consecuencia del ejercicio de un poder, y de la prolongación del conflicto armado que desangra al país por diversas vías. En particular, organizaciones sociales como el movimiento de mujeres denunciaron la utilización de la violencia sexual, y la violencia contra mujeres y menores como práctica de guerra.

Verdad, justicia y reparación, como antesala del perdón

Las presiones sobre José Álvaro Torres no cesan para que ‘perdone’ a los hombres del Ejército involucrados. Este afán por conseguir tal declaración, sumado a la práctica de minimizar los hechos ante la opinión pública, evidencia la intención oficial de propiciar la impunidad sobre violaciones a los derechos humanos. Busca indultos o amnistías infundados a la luz del Derecho Internacional y los Derechos Humanos, en especial de instrumentos recientes como el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, órgano que ya tiene jurisdicción activa en Colombia para investigar, juzgar y sancionar estos crímenes. Las presiones no hacen cambiar de opinión al padre ofendido. El perdón vendrá después de la verdad, la justicia y la reparación.

La defensa del subteniente se basa en un “consentimiento sexual” de la niña y refleja dos hechos alarmantes: desconocimiento básico de algunos miembros de la fuerza pública de quién es o debiera ser el adulto aquí, en términos éticos y legales, e inconsciencia de su rol como “agente del Estado” ante la sociedad civil que debe proteger y garantizar derechos por un mandato constitucional, en vez de sumar formas de violencia a las ya existentes.

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