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Acción Urgente: Amenaza de muerte contra defensores reclamantes de tierras

Escrito por  el 
22 Octubre, 2012
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Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente expresando preocupación por la seguridad de la personas y ONG amenazadas por el ejército antirestitución,  instando a las autoridades a protegerlas y solicitando una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte.

 

 

 

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ACCIÓN URGENTE


 

Las ONG y los defensores y defensoras de los derechos humanos que, en Colombia, trabajan sobre cuestiones relativas a la restitución de tierras han sido objeto de numerosas amenazas de muerte en las últimas semanas. Los mensajes amenazadores fueron enviados por paramilitares que se autodenominan Ejército Anti Restitución de Tierras. 

“Muerte a todos los miembros de asociaciones, como los sapos que trabajan en la restitución de tierras”, decía un mensaje de correo electrónico enviado por el Ejército Anti Restitución de Tierras el 2 de octubre a la ONG Humanidad Vigente y a otras organizaciones como Fundación Infancia Feliz (FIF) y Colectivo Mujeres al Derecho.

En la amenaza se citaban los nombres de ONG, de defensores y defensoras de los derechos humanos y de otras personas que trabajan sobre cuestiones relativas a la restitución de tierras y a los derechos de las mujeres y la infancia en varias regiones de Colombia; además se acusaba a estas personas de pertenecer a la guerrilla y se las calificaba de “narco terroristas de las FARC y ELN”.

Ese mismo día, se envió otra amenaza de muerte, firmada por el Ejército Anti Restitución de Tierras, mediante mensaje de texto a defensores de los derechos humanos y dirigentes de organizaciones campesinas de Carmen de Bolívar, en el norte de Colombia.

Estas amenazas de muerte forman parte de una reciente oleada de amenazas, ataques y homicidios. El 24 de agosto, Rosario Montoya Hoyos, miembro de la FIF, recibió una tarjeta de condolencia por su propia muerte. Unos días después, el 28 de agosto, dos encapuchados entraron en las oficinas de la FIF y golpearon a Sandra Manjarras, directora de la organización, mientras le exigían que les entregara documentos e información.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

 

– Expresando preocupación por la seguridad de la personas y ONG citadas en el mensaje de correo electrónico (véase página siguiente) e instando a las autoridades a protegerlas, de estricta conformidad con los deseos de los propios amenazados;
– Pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;
– Recordando a las autoridades que deben cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, establecida en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998;
– Instando a las autoridades a emprender acciones inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones formuladas por la ONU y otras organizaciones intergubernamentales.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2012, A:

Señor Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Santos
Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7–26, Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 596 0631 (insistan) 

 

Señor Fernando Carrillo
Ministro del Interior
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro
Carrera 8 No 7–83, Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 283 9876 (insistan)

 

Y copia a:

Humanidad Vigente
Carrera 28 # 47A-84, Bogotá, Colombia

 

INFORMACIÓN ADICIONAL

 

En el transcurso del prolongado conflicto armado de Colombia, millones de hectáreas de tierra han sido arrebatadas indebidamente, a menudo con violencia, a sus dueños legítimos, especialmente comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Las diversas partes en el conflicto –en un bando, los paramilitares y las fuerzas de seguridad, actuando juntos o en connivencia, y en el otro, los grupos guerrilleros– han expulsado de sus hogares a más de cinco millones de personas.

 

Los dirigentes de la comunidades desplazadas y los que piden la devolución de las tierras robadas han sido víctimas de homicidios y amenazas, especialmente desde que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se aprobó en junio de 2011 y entró en vigor a principios de 2012. Esta ley reconoce la existencia de un conflicto armado en el país, y los derechos de sus víctimas. Además, prevé una reparación para muchos de los supervivientes de abusos contra los derechos humanos, incluidos los perpetrados por agentes del Estado. Sin embargo, priva a muchas otras víctimas del conflicto de la posibilidad de presentar reclamaciones de reparación, y hace que importantes extensiones de tierras robadas puedan no ser devueltas a sus legítimos dueños. No hay salvaguardias suficientes para garantizar que las personas a las que se devuelven las tierras no se ven obligadas a entregarlas de nuevo, incluso a los mismos que las habían expulsado de ellas. Muchas de las personas que hacen campaña por la restitución de tierras, o que piden que les sean devueltas sus tierras, han sido amenazadas o asesinadas, lo cual puede socavar la aplicación de la ley.

Desde febrero de 2012 se ha informado en distintas partes de Colombia sobre la presencia de fuerzas paramilitares que se denominan a sí mismas “ejércitos antirrestitución”. La organización paramilitar Ejército Anti Restitución de Tierras, que según algunas estimaciones se compone de un millar de miembros, empezó a actuar en julio de 2012 en la zona de Montes de María, en los departamentos de Bolívar y Sucre, en el noroeste de Colombia.

Durante el conflicto armado de Colombia, que ha durado más de cuatro décadas, las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares han calificado frecuentemente a las organizaciones de derechos humanos y a los sindicatos de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla, y han amenazado, secuestrado o matado a sus miembros. Los grupos guerrilleros también han amenazado o matado a defensores y defensoras de los derechos humanos y a sindicalistas a los que consideran aliados del enemigo.

Los grupos paramilitares de Colombia supuestamente se desmovilizaron en un proceso promovido por el gobierno que comenzó en 2003 pero, por las constantes amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra otros grupos vulnerables en distintas partes del país, está claro que siguen actuando. 

Nombre: Miembros de la Corporación Nuevo Arco Iris, Fundación para el Desarrollo y la Paz (FUNDEPAZ), Organización Nacional de Población Desplazada Desarraigada Independiente (OPDDI), Marcha Patriótica, Cabildo Abierto por la Independencia, Asociación de Familiares por un Solo Dolor (AFUSODO), Colectivo Mujeres al Derecho, Fundación Infancia Feliz (FIF), Fundación Comité Presos Políticos (FCSPP), Corporación Jurídica Humanidad Vigente, Coordinación Nacional de Desplazados (CND), Polo Democrático (hombres y mujeres).

Misael Delgado Rada (hombre) y miembros de su familia (hombres y mujeres), Iván Cepeda, Ospino Meza, Hipólito Renntería, Fredy Guerrero, Felipe Flor Rosario Montoya Hoyos, Sandra Manjares, Piedad Córdoba, Rosario Aguilar, Miryam Clemencia Ruiz Molina, Alfonso Caicedo, Hermana Alba Estela Sexo: Hombres y mujeres.

AU: 299/12 Índice: AMR 23/039/2012 Fecha de emisión: 9 de octubre de 20

Descargue el documento con la Acción Urgente en pdf: clic acá

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